15 de septiembre de 2020 Comunicado de Prensa

Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas AGOSTO 2020

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos. En un contexto en que las decisiones políticas y judiciales de Estados Unidos generan nuevos retos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, creemos que la información es vital para encontrar rutas para su defensa y promoción. En este documento, presentamos un resumen mensual de iniciativas ejecutivas, decisiones judiciales y debates legislativos de Estados Unidos, con el fin de identificar nuevos espacios para las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.

En esta edición del boletín, analizamos los siguientes avances y retrocesos en la política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de agosto de 2020:

Propuesta reglamentaria busca limitar el acceso y el alcance del recurso de revisión de decisiones por parte de jueces de migración.
Decisión judicial impide que agentes del CBP se encarguen de las entrevistas iniciales para protección internacional.
Se presenta informe de monitoreo de la detención de niñez migrante en hoteles en el marco del caso Flores.
Corte federal permite que proceda litigio contra la instrumentalización de las cortes migratorias.

ACCIONES EJECUTIVAS

En esta sección resumimos algunas de las actuaciones del Poder Ejecutivo estadounidense implementadas durante el pasado mes que impactan los derechos humanos de las personas migrantes.

1. Nueva propuesta de reglamento reduciría plazos para presentar recursos de revisión administrativa y la posibilidad de presentar pruebas adicionales

El 26 de agosto, se publicó en el boletín oficial de Estados Unidos una nueva propuesta reglamentaria (proposed rule) que modificaría las disposiciones del reglamento vigente con respecto a los procedimientos para apelar administrativamente la decisión de un juez o jueza de migración. La propuesta normativa aplicaría al funcionamiento de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés) una institución que depende del Departamento de Justicia, conformada por las cortes de migración a lo largo del país, en primera instancia, y por la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés), como instancia de revisión.

Si bien los contenidos de la propuesta reglamentaria son extensos, algunos de los cambios más preocupantes son:

Se reducen los plazos máximos de extensión para la presentación de escritos en apoyo de un recurso de revisión, de 90 días a 14 días;
Se requiere que las partes presenten sus escritos de forma simultánea en vez de consecutiva, impidiendo así que las personas migrantes puedan responder a los argumentos planteados por el gobierno;
Se amplían las competencias de la BIA con respecto a la resolución de casos, limitando el rol del juez o jueza de migración y consolidando poder de decisión en un ente que no tiene interacción directa y presencial con las personas migrantes bajo su jurisdicción;
Se prohíbe la presentación de pruebas adicionales durante la etapa de revisión administrativa y se limita la potestad de la BIA de revisar determinaciones respecto de los hechos;
Se limita la revisión por parte de los y las jueces de migración sobre los asuntos remitidos por la BIA a los elementos directamente considerados por la BIA y señalados en su decisión, impidiendo que los y las juezas consideran otros factores relevantes que puedan surgir en esta etapa;
Se elimina la posibilidad de que la BIA o jueces de migración puedan reabrir un caso sua sponte (por iniciativa propia); y
Se suprime la figura de cierre administrativo (administrative closure) que permitía tanto a jueces y juezas de migración como a la BIA de ordenar el cierre temporal de un caso no prioritario y así aplazar su adjudicación.

Organizaciones e individuos que deseen presentar observaciones sobre esta propuesta reglamentaria tienen hasta el 25 de septiembre para hacerlo.

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos pendientes en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

2. Juez Federal declara que la agencia de control migratorio carece de competencia para administrar las entrevistas de temor creíble

Una decisión emitida el 29 de agosto por parte de un juez de la corte federal para el Distrito de Columbia estableció una suspensión provisional (preliminary injunction) que impide que agentes de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realicen las determinaciones de temor creíble, el primer paso en el procedimiento estadounidense para acceder a la protección internacional.

La orden surge en la primera etapa de litigio iniciado en marzo de 2020 por Tahirih Justice Center, una organización defensora de las personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos, que busca anular una política adoptada a finales de enero de 2020 que pretende delegar a agentes del CBP funciones que hasta la fecha han sido ejercidas exclusivamente por oficiales de asilo especializados que dependen de la oficina de Servicios de Ciudadanía y Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). El caso, A.B.-B., et. al. vs. Morgan, fue iniciado en representación de un grupo de mujeres migrantes y sus hijos que llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos, pero tras una determinación negativa de CBP en la entrevista de temor creíble, enfrentan la deportación inminente de Estados Unidos.

En su revisión de la petición para una suspensión provisional mientras se resuelve el fondo de la demanda, el juez consideró que existen pruebas significativas de que se violenta las leyes estadounidenses cuando las entrevistas de temor creíble son realizadas por agentes de CBP, debido a que estos últimos reciben sustancialmente menos capacitación sobre la protección internacional que los oficiales de asilo de USCIS. Asimismo, se señaló que esa falta de capacitación había llevado a defectos graves en la calidad de la entrevista, en perjuicio de las mujeres peticionarias y sus hijos. Así, el juez concluyó que las peticionarias habían cumplido con los requisitos para una suspensión provisional, en tanto habían demostrado la probabilidad de éxito en la resolución del fondo de la demanda, irreparabilidad de daño sin la intervención de la corte y un balance favorable de equidades.

3. Un informe independiente ordenada por la jueza presidiendo el caso Flores detalla la práctica de detención de niños y niñas migrantes en hoteles

En cumplimiento con una orden judicial por parte de la jueza que supervisa cumplimiento con el acuerdo Flores – el acuerdo de solución alcanzado en los años 90 que establece los criterios y las garantías debidas vigentes para la detención de niñez migrante – el 26 de agosto, dos personas expertas independientes publicaron un informe sobre el uso de alojamiento temporal para albergar a personas migrantes menores de edad y familias objeto de la nueva política de expulsión adoptada en el marco de la pandemia.

A partir de marzo de 2020, se empezó a implementar una política de expulsiones bajo el capítulo 42 (Title 42, en inglés) del Código de Estados Unidos, que trata temas de salud pública. Desde marzo hasta finales de julio de 2020, más de 100,000 personas que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México habían sido expulsadas en virtud de esta política. Mientras las personas adultas han sido expulsadas directamente a México, las familias y las personas menores de edad no acompañadas – particularmente de Centroamérica y otros países que requieren de vuelos para efectuar su expulsión – han sido custodiadas en hoteles mientras se hacen los arreglos necesarios para llevar a cabo la deportación.

Según el reciente informe, este programa temporal de alojamiento se extiende a 25 hoteles en 3 estados del país, y más de 660 personas menores de edad – 577 de las cuales son menores no acompañados – han sido alojadas en un hotel bajo la supervisión de contratistas privados conforme este programa. El informe señala que el programa no garantiza la seguridad e higiene de niños y niñas, particularmente los más jóvenes, y recomienda que se excluya a todos los menores no acompañados del mismo, con particular énfasis en quienes tienen menos de 15 años de edad.

4. Decisión de juez federal permite que se avance en litigio contra la instrumentalización de las cortes migratorias

A través de una decisión emitida el 31 de julio y publicada unos días después, un juez federal en Oregon rechazó la solicitud del gobierno estadounidense de declarar no procedente el litigio presentado a finales de 2019 que busca anular una serie de políticas que promueven la disfuncionalidad de las cortes migratorias. El litigio, que avanza bajo el nombre Las Americas vs. Trump, en referencia a Las Americas Immigrant Advocacy Center, una de las organizaciones peticionarias, señala tres defectos principales con las cortes migratorias que imposibilitan el acceso a protección: (1) la existencia de zonas del país donde solicitudes de asilo son denegadas de forma casi categórica (denominadas asylum-free zones, en inglés); (2) la política de métricas de desempeño para jueces y juezas de migración (Enforcement Metrics Policy, en inglés); y (3) directrices que resultan en la programación acelerada de casos de unidades familiares con al menos un niño o niña que solicitan asilo en la frontera sur.

En su decisión, el juez se declaró no competente para conocer los alegatos sobre la primera categoría de defectos relacionados con los asylum-free zones. Sin embargo, el juez estableció que las segunda y terceras categorías de defectos en el sistema de cortes migratorias deben avanzar en el litigio de fondo.

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