7 de mayo de 2019 Comunicado de Prensa

Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas

En el marco de nuestros esfuerzos por promover los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te compartimos nuestro primer boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.

A través de esta herramienta, presentamos un resumen mensual de algunas de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales del Estado norteamericano, con el fin de aportar
a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.

En esta primera entrega de nuestro boletín, analizamos los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de abril. En esta ocasión, abordamos:

1. Política «Quédate en México» obliga a solicitantes de asilo a permanecer en México durante trámites migratorios
2. Litigio permite reapertura de procesos de 2.700 jóvenes en Programa de Menores Centroamericanos
3. Decisiones judiciales que afectan a personas migrantes
4. Nuevo memo del Presidente Donald Trump propone más limitaciones sobre acceso a solicitud de asilo
5. Migración considera un acuerdo de tercer país seguro con México
6. Se reportan discusiones sobre adopción de política de «elección binaria»

 

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA
En esta sección analizamos las luchas que se están dando en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el
marco jurídico para las personas migrantes.

1. Política «Quédate en México» obliga a solicitantes de asilo a permanecer en México durante trámites migratorios

En diciembre de 2018, el presidente estadounidense anunció una política formalmente llamada los «Protocolos para Protección de los Migrantes», pero comúnmente denominada «Quédate en México». Según está política, personas que llegan a los Estados Unidos e indican el interés en solicitar asilo pueden ser devueltos a México y permanecer allí por la duración de sus trámites migratorios. A raíz de los evidentes riesgos para las
personas migrantes que surgen por las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad que experimentan en las zonas fronterizas de México, múltiples organizaciones defensoras de los derechos de la población migrante han demandado al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), planteando argumentos sobre la legalidad de esta política.

El 8 de abril de 2019, un juez federal ordenó la suspensión provisional de los protocolos, quedando pendiente la resolución del fondo de la demanda. El juez señaló la falta de protecciones adecuadas para asegurar la no devolución a “circunstancias excesivamente peligrosas”. Esa suspensión, que hubiese entrado en efecto el 12 de abril de 2019, habría resultado en una reversión a los procedimientos establecidos por la ley: cada persona que careciera de autorización para entrar a los Estados Unidos, pero que indicara una intención de solicitar asilo podría ser detenida o puesta en libertad condicional por la duración del
trámite de su solicitud.

Sin embargo, el gobierno estadounidense interpuso un recurso de apelación contra la suspensión y, el 12 de abril de 2019, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito emitió
una orden suspendiendo provisionalmente la suspensión preliminar hasta recibir más información. Esta orden tiene el efecto de dejar vigente la política de devolución a México hasta que la Corte de Apelaciones emita su decisión definitiva sobre la suspensión preliminar, la cual se espera en los próximos días, tras una audiencia con las partes el 24 de abril.

Más información sobre la política “Quédate en México” está disponible aquí.

2. Litigio permite reapertura de procesos de 2.700 jóvenes en Programa de Menores Centroamericanos

El Programa de Entrada Condicional para Menores de Centro América (Programa CAM, por sus siglas en inglés) fue establecido en 2014 para permitir a ciertas personas menores de edad en El Salvador, Guatemala y Honduras solicitar reasentamiento en los Estados Unidos como refugiados desde su país de origen. Este programa solamente estaba abierto a niños, niñas y adolescentes cuyos padres o madres tenían un estatus legal vigente en los Estados Unidos; sin embargo, éste fue anulado el 4 de octubre de 2017.

Durante la vigencia del Programa CAM, si la solicitud de reconocimiento como persona refugiada era denegada, estas personas podrían ser consideradas para una entrada condicional a los Estados Unidos. A aproximadamente 1.500 niños, niñas y adolescentes les fue otorgado este permiso temporal para entrar el país. Sin embargo, antes de cancelar el Programa en su totalidad, en agosto de 2017 el gobierno estadounidense puso fin a la parte de entrada condicional del Programa CAM, dejando a más de 2.700 menores que habían recibido la aprobación condicionalmente sin la posibilidad de avanzar en sus procesos.

A través de litigio contra este cambio en la política, se logró reabrir los procesos de estos niños, niñas y adolescentes. Un acuerdo de solución fue adoptado por una corte federal el 12 de abril de 2019, obligando al gobierno a terminar de tramitar los aproximadamente 2.700 solicitudes que habían sido aprobadas condicionalmente. Según los representantes, el gobierno estará contactando a las madres y padres en los
casos afectados. No obstante, ni este acuerdo ni el dictamen influyen en la decisión de cancelar el programa.

3. Decisiones judiciales que afectan a personas migrantes

Decisión del Fiscal General: Asunto de M-S

El 16 de abril de 2019, el recién nombrado Fiscal General estadounidense, William Barr, anuló el precedente establecido desde 2005 que permitía la libertad condicional basada en el pago de una fianza de personas solicitantes de asilo que lograron mostrar un ‘temor creíble’ de devolución a sus países de origen. Este es el primer paso para conseguir el estatus de refugio en los Estados Unidos, antes de tramitar el fondo de una solicitud ante una de las cortes migratorias. La decisión del Fiscal General obliga a toda persona que haya solicitado asilo en un puerto de entrada a los Estados Unidos a permanecer detenido a pesar de haber cumplido con este primer requisito. La decisión del Fiscal General ha sido impugnada.

Decisión del Corte de Apelaciones para el Séptimo Circuito: González Ruano v. Barr

En su decisión de 24 de abril de 2019, una Corte Federal de Apelaciones, cuyas decisiones son vinculantes para las Cortes Migratorias en los estados de Wisconsin, Illinois e Indiana, reafirmó que una persona solicitante de asilo podría ser reconocida como refugiada con base en su pertenencia a un ‘grupo social particular’ de su unidad familiar inmediata. En la decisión, estableció que existía un nexo suficiente entre ese grupo familiar y la posibilidad de persecución futura, donde el solicitante proporcionó pruebas que una pandilla le perseguía por ser esposo de una mujer que los pandilleros buscaban «poseer». Esta jurisprudencia puede ser un antecedente útil para solicitantes que hayan experimentado hechos parecidos, particularmente en México.

PANORAMA A FUTURO

A continuación, te informamos sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama que enfrentamos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

4. Nuevo memo del Presidente Donald Trump propone más limitaciones sobre acceso a solicitud de asilo

Un nuevo memo ejecutivo, emitido el 29 de abril de 2019, exige que el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional propongan reglamentos para efectuar una serie de cambios restrictivos a los procedimientos para solicitar asilo, dirigidos, en sus palabras, a “salvaguardar el sistema contra el abuso rampante del procedimiento de asilo”. Entre las medidas específicas que exige se encuentran:

1. La imposición de una cuota para poder presentar una solicitud de asilo (este trámite nunca ha tenido costo en los Estados Unidos);
2. La prohibición de autorización laboral para solicitantes que entraron o intentaron entrar al territorio de manera irregular (actualmente, se puede recibir permiso laboral 180 días después de la fecha de presentación de una solicitud de asilo);
3. La aceleración del proceso de tramitación de solicitudes con un límite temporal de 180 días, el cual impide su revisión adecuada, promueve decisiones apresuradas e impulsa altas tasas de negación (desde 1996, la ley estadounidense ha contemplado un periodo de 180 días para tramitar solicitudes, pero casi nunca se ha logrado cumplir debido a una falta de recursos en las cortes migratorias); y
4. Una limitación en el acceso a otras categorías migratorias para personas solicitantes de asilo que demuestran un «temor creíble» en el momento de solicitar asilo en la frontera (actualmente una persona que solicita asilo y demuestra un «temor creíble» entra en un proceso migratorio general en el cual también puede solicitar cualquier otra categoría migratoria para la cual cumple con los requisitos de elegibilidad, por ejemplo, reunificación familiar en los casos contemplados por ley).

Es previsible que desde las organizaciones de la sociedad civil, se impugne el memo del Presidente cuestionando su legalidad.

5. Migración está considerando un acuerdo de tercer país seguro con México

El 16 de abril de 2019, un panel del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un informe que pretende abordar la atención a familias y niños y niñas en custodia del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Este informe incluye recomendaciones preocupantes sobre cómo el gobierno estadounidense debe ajustar el sistema migratorio. Este panel fue establecido con el fin de analizar la situación de familias, niños y niñas en la custodia temporal de CBP, como parte de la respuesta a la indignación pública por la separación masiva de niños y niñas de sus familias en 2018.

Entre las recomendaciones del informe destaca la posibilidad de entrar en un acuerdo de Tercer País Seguro con México, el cual obligaría a las personas que llegan huyendo a México en camino a los Estados Unidos a solicitar asilo en México, eliminando la posibilidad de buscar protección en los Estados Unidos. La justificación ofrecida para esta recomendación es que “muchas unidades familiares migrantes del Triángulo Norte están
haciendo el viaje para reunificarse con familia o escapar pobreza y es poco probable que califiquen para asilo en los Estados Unidos”. El mismo informe también recomienda que el gobierno estadounidense establezca «un
albergue seguro» en Guatemala, próximo a la frontera con México, para procesar solicitantes de asilo.

6. Se reportan discusiones sobre adopción de política de «elección binaria»

Medios de comunicación han reportado discusiones internas de la administración estadounidense sobre la adopción de una política de ‘Elección Binaria’ que obligaría a familias migrantes que llegan sin autorización a los Estados Unidos a elegir entre la posibilidad de quedarse detenidos junto con sus hijos e hijas menores de edad o de ser separadas a través de la colocación de las y los menores de edad en un «albergue» estatal.

 

Descarga el boletín aquí: