Perú: CIDH otorga medidas cautelares para proteger la vida, integridad y ejercicio de sus funciones al Juez y Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ante los riesgos generados por el contexto postelectoral 

Lima y Washington, D.C., 28 de julio de 2021.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Luis Salas Arenas y su familia tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales en Perú. En su orden, la CIDH obliga a Perú a fortalecer sus medidas de seguridad, a investigar los hechos de riesgo grave en su contra y a informar sobre los avances en la implementación de dichas medidas.

Motivó la decisión de la CIDH el contexto post electoral tras la segunda vuelta presidencial de junio 2021 en el Perú y las decisiones que el juez Salas Arenas debió tomar siendo el presidente del JNE, órgano judicial de mayor autoridad electoral en el país. La CIDH tuvo en cuenta que como respuesta a las decisiones sobre los recursos de nulidad electoral y al ser la “cara visible” del JNE, el juez Salas Arenas sufrió ataques, amenazas de muerte y secuestro, protestas reiteradas en su residencia y campañas de desprestigio generadas por noticias falsas sobre él mismo y sobre su familia, llamándolo, entre otras cosas, un defensor de terroristas y un enemigo del Estado.

Además, la CIDH valoró que esos hechos no se dieron de manera aislada sino como parte de una campaña continuada destinada a estigmatizar, desprestigiar y descalificarlo en un momento donde “su alta investidura debe estar particularmente protegida”. Para el organismo internacional esta campaña de hostigamiento digital o “doxing”, divulgó su información personal, concretamente, la ubicación de su domicilio personal con fines de intimidarlo o extorsiornarlo en la toma de decisiones sobre el proceso electoral. Por otro lado, a pesar de que la CIDH reconoció que la JNE ya habría concluido sus principales funciones electorales sobre la contienda presidencial, el riesgo en contra del juez persiste pues sigue “siendo identificado popularmente como el responsable del resultado final de los comicios”.

Vale resaltar que la CIDH trasladó la solicitud de medidas de protección al Estado peruano pero aun así valoró que era necesario el otorgamiento de su protección internacional, pues las medidas a nivel nacional no fueron suficientes para impedir las amenazas de muerte en contra del juez como tampoco se advirtieron “avances significativos” en las investigaciones por estos hechos. 

Tras este análisis la Comisión consideró necesario ordenar a Perú que adopte, en concertación con el juez y su familia, las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida e integridad personal; garantizar que el juez pueda seguir desempeñando sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio; e informar sobre las investigaciones, para así evitar su repetición.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentamos la solicitud a favor del Juez Salas Arenas y su familia en este proceso internacional. Celebramos la decisión y esperamos poder concertar con el Estado peruano las medidas de protección que permitan a éste ejercer sus importantes funciones judiciales en un espacio idóneo, tal y cómo un estado de derecho lo requiere.