18 de junio de 2021 Comunicado de Prensa

Perú ante la Corte IDH: organizaciones presentan información sobre los obstáculos en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzosa

Lima, Perú y Washington, DC, 18 de junio del 2021. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Paz y Esperanza presentamos una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del proceso de seguimiento conjunto de 11 sentencias emitidas por este Tribunal, en las que encontró a Perú responsable a nivel internacional por la desaparición forzada de personas en el marco del conflicto interno. 

 

En 2020, al igual que ya lo ha hecho con situaciones similares en otros países, la Corte IDH decidió llevar adelante un proceso de monitoreo conjunto de todas estas sentencias para poder identificar los problemas que llevan a que, después de más de 30 años en algunos casos, desde la desaparición de las víctimas y la publicación de sus sentencias, el Estado continúa sin determinar el paradero de sus restos. Por ello, en el marco de este proceso y a solicitud de la Corte IDH, presentamos un documento identificando y precisando los obstáculos sobre el proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en Perú, a partir de los casos que representamos.

 

Al respecto, destacamos que el Estado peruano no cuenta con una política pública integral que permitan articular las acciones de las distintas autoridades estatales y se garanticen los recursos necesarios para que las autoridades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas puedan cumplir con su mandato. Si bien la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000, representó un avance legislativo significativo, así como la implementación de una dirección de búsqueda, aún no ha sido posible consolidar una política pública que involucre a los diferentes estamentos del Estado que permita un adecuado funcionamiento, monitoreo y evaluación del proceso.

 

Por otra parte, señalamos que es necesaria una adecuada coordinación institucional para poner en marcha una estrategia clara y coordinada en cada uno de los casos y evitar duplicidad en los procesos de búsqueda. Consideramos que los esfuerzos estatales deben confluir en un plan nacional de búsqueda, con recursos humanos suficientes y un presupuesto adecuado que permita dotar de las diversas herramientas para una búsqueda efectiva. Asimismo, resulta imperioso que exista claridad e información al detalle en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), debiendo a su vez considerar cuántas de las personas ahí registradas fueron víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado interno. 

 

Las organizaciones representantes de las víctimas y sus familias en estos 11 casos celebramos la iniciativa de la Corte IDH de monitorear cercanamente los esfuerzos del Estado peruano para la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente. Ante ello, le solicitamos a ésta que continúe con el impulso activo de este proceso, pronunciándose sobre aquellos problemas de fondo que constituyen impedimentos para avanzar con los procesos de búsqueda, así como requiera al Estado tomar las acciones necesarias para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

 

Organizaciones firmantes

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto de Defensa Legal (IDL) 

Asociación Paz y Esperanza 

Abogado Milton Campos Castillo 

 

Casos representados por organizaciones firmantes 

Neira Alegría y otros 

Castillo Páez

Durand y Ugarte

Caso La Cantuta

Caso Anzualdo Castro

Caso Osorio Rivera y familiares

Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara

Caso Tenorio Rocas y otros

Caso Munárriz Escobar y otros

Caso Terrones Silva y otros