Persecución sostenida y represión extraterritorial: Organizaciones de Derechos Humanos denuncian la situación de Nicaragua ante la Corte IDH

San José, Costa Rica, 05 de febrero de 2025. En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) organizaciones de derechos humanos denunciaron la continua represión y persecución del Estado de Nicaragua en contra de personas beneficiarias de medidas provisionales y sus núcleos familiares, algunas de ellas presas en la cárceles nicaragüenses y muchas de ellas desterradas y privadas arbitrariamente de su nacionalidad.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expusieron ante el Tribunal sobre el grave y urgente riesgo al que continúan expuestas 97 personas, de las 116 beneficiarias de las medidas de la Corte IDH.

Graves violaciones de derechos humanos

Durante la audiencia, se evidenció que el Estado de Nicaragua ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Corte IDH, las cuales ordenan la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente y la protección de sus derechos fundamentales. A la fecha, 88 de las personas beneficiarias han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad, mientras que 7 permanecen en prisión y 1 sigue en situación de desaparición forzada.

Las organizaciones denunciaron que el destierro y la desnacionalización han sido utilizados como mecanismos de represalia por parte del gobierno nicaragüense contra la oposición política. Asimismo, el Estado ha confiscado bienes y cuentas bancarias, anulado registros de identidad y negado acceso a documentos oficiales, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y social. Además, a los adultos mayores los han despojado de su pensión.

Un contexto de represión sistemática

La represión en Nicaragua no solo se mantiene, sino que se ha intensificado. Recientes reformas constitucionales y legislativas han consolidado un Estado autoritario y policiaco que suprime derechos fundamentales y legaliza la persecución contra la oposición. Entre las medidas más alarmantes se encuentra la concentración del poder en la figura de los co-presidentes, la instauración de las policías voluntarias y la eliminación de la prohibición de la tortura, lo que deja en absoluta indefensión a las personas detenidas por motivos políticos.

Las organizaciones también alertaron sobre la extensión de la política de represión más allá de las fronteras nicaragüenses, con intentos de criminalizar a exiliados a través de falsas acusaciones y la posible utilización de mecanismos internacionales como INTERPOL para perseguir a opositores en el extranjero.

Esta situación fue ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Llamado urgente a la Corte IDH y a la comunidad internacional

Ante este escenario, las organizaciones solicitantes instaron a la Corte IDH a mantener vigentes las medidas provisionales en favor de las personas beneficiarias y sus familiares, y le solicitaron que ordene al Estado de Nicaragua:

• Restituir la nacionalidad y todos aquellos derechos de los que fueron despojados.
• Devolver los bienes confiscados y garantizar la protección de los derechos económicos y sociales de las víctimas.
• Garantizar la seguridad y condiciones adecuadas para un eventual retorno seguro de las personas desterradas.
• Liberar de manera inmediata a las personas que permanecen detenidas arbitrariamente.
• Investigar y sancionar los actos de persecución y represalia cometidos contra las personas beneficiarias y sus familiares.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas que presionen al gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.