Panamá asume nuevos compromisos sobre movilidad humana en el Examen Periódico Universal (EPU)

Panamá se comprometió a garantizar el principio de no devolución (non-refoulement), agilizar los procedimientos de asilo y proteger a las mujeres y la niñez en el Tapón del Darién contra la trata y la violencia de género. Esto ocurre en un contexto regional marcado por políticas migratorias más restrictivas y cambios en los patrones de la movilidad.

19 de marzo de 2026 — El Estado de Panamá respondió este miércoles 18 de marzo a las recomendaciones formuladas durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de las Naciones Unidas para analizar la situación de derechos humanos en los distintos países. En materia de movilidad humana, aceptó 19 de las 31 recomendaciones emitidas en temas migratorios. Estas nuevas recomendaciones resultan especialmente relevantes, debido a que se incluyen aspectos clave como la no discriminación e inclusión, violencia de género, refugio y el respeto al principio de no devolución.

Para las organizaciones que conforman el Observatorio del Darién, la aceptación de estas recomendaciones representa un avance. Al asumir compromisos específicos sobre la crisis en el Tapón del Darién, la protección de la niñez migrante y la lucha contra la trata y tráfico de personas, Panamá establece una hoja de ruta sujeta a estricto escrutinio internacional. El impacto central de estas aceptaciones radica en la obligación de transitar de un enfoque de seguridad y contención fronteriza hacia una verdadera gestión migratoria en concordancia a sus obligaciones internacionales frente al aumento de un flujo inverso.

Estas recomendaciones se enmarcan en un contexto regional transformado. Durante el último año, el flujo migratorio hacia el norte ha disminuido de manera drástica, con una reducción de hasta 99% en el tránsito por el Darién según fuentes oficiales, como resultado del endurecimiento de las políticas migratorias en la región, la externalización del control fronterizo y la implementación de mecanismos de contención y deportación en países de tránsito, entre los que se incluyen Panamá.

Si bien esta reducción ha modificado los patrones de movilidad humana, no significa que la migración haya desaparecido. Por el contrario, se ha observado un aumento del llamado flujo inverso hacia el sur. Durante 2025 se registraron 22.083 personas en este flujo y, hasta el 18 de enero se contabilizaron 577 personas. Según especialistas, muchas personas que transitan de regreso por territorio panameño enfrentan mayores riesgos que en su primer tránsito y cuentan con menos recursos para su atención y protección, lo que plantea desafíos adicionales para la respuesta estatal y humanitaria.

“El hecho de que cada vez más personas regresen a Panamá en condiciones de mayor vulnerabilidad evidencia la urgencia de fortalecer la respuesta estatal frente a la movilidad humana. En este escenario, cobra especial relevancia que el Estado haya aceptado recomendaciones que, por primera vez, abordan de manera amplia la protección internacional, el sistema de asilo y la asistencia humanitaria”, señaló Elías Cornejo, Coordinador de Promoción Social de Fe y Alegría Panamá.

Pero no todo fueron avances, al igual que en el periodo pasado, el Estado panameño volvió a rechazar las 11 recomendaciones relacionadas con la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Adicionalmente, el Estado rechazó las recomendaciones dirigidas a eliminar la prescripción del delito de tortura y a armonizar su definición con los estándares internacionales. Para las organizaciones de derechos humanos, esta situación resulta preocupante, pues al mantener plazos de caducidad para investigar estos crímenes, Panamá perpetúa la impunidad y refuerza un entorno en el que las personas en situación de movilidad podrían enfrentarse a torturas. “Esta decisión despoja a migrantes y refugiados de una garantía esencial: que el paso del tiempo no borre la responsabilidad estatal frente a tratos crueles e inhumanos sufridos en rutas de alta violencia y desprotección institucional”, señaló Natalia Betancourt Andrade, Responsable de Incidencia de la Red Jesuita con Migrantes.

“Las recomendaciones adoptadas en el marco del EPU fortalecen la protección de las personas en situación de movilidad al elevar el costo político del incumplimiento estatal. Sin embargo, la decisión de no aceptar otras recomendaciones clave deja pendientes compromisos importantes para garantizar una respuesta estatal más robusta frente a los desafíos actuales de la movilidad humana. Su impacto dependerá, en última instancia, de su implementación efectiva y de su traducción en políticas públicas, reformas normativas y prácticas administrativas alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos”. afirmó Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Desde el Observatorio del Darién se dará seguimiento técnico tanto a la implementación de las recomendaciones aceptadas como a los desafíos que persisten en aquellas que no fueron adoptadas.