Panamá acusada internacionalmente de torturar en cárceles

Washington, D.C., 30 de octubre del 2009.- El pasado 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó sus argumentos para que este organismo internacional declare que el Estado de Panamá es responsable de la tortura a la que fue sometido el ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor mientras estuvo detenido en cárceles panameñas entre el 2002 y el 2003.

Los hechos se remontan al 10 de noviembre de 2002 cuando Vélez Loor fue detenido en el Darién por no contar con permiso de ingreso a Panamá. Inicialmente fue enviado a la Cárcel La Palma y luego a la Joyita, luego mediante una resolución administrativa de la Dirección Nacional de Migración, el ecuatoriano fue condenado a dos años de prisión.

CEJIL alegó ante la Comisión Interamericana que la víctima fue torturada en ambas cárceles por personal de la Policía Nacional. Le rompieron la cabeza a golpes, le agredieron sexualmente y le rociaron gas lacrimógeno, entre otros. Señalaron además, que la tortura a Vélez Loor no fue excepcional, por el contrario, obedeció a un patrón sistemático violatorio de los derechos humanos que ha sido denunciado reiteradamente. Por ejemplo, en marzo de 2008 la Universidad de Harvard presentó un informe, ante la CIDH, sobre los abusos policiales que se dan en las cárceles panameñas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo entre 1999 y 2008 recibió 128 denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes producidos en las cárceles de dicho país. Incluso en el 2006 la Procuradora de la Nación denunció actos de tortura en estos sitios.

Los peticionarios recordaron a la CIDH que durante una audiencia ante este organismo sobre el mismo caso en el 2006, un testigo directo se refirió a una golpiza en particular que la policía le dio a Vélez Loor, rompiéndole la cabeza sin que luego le atendieran médicamente.

Adicionalmente, CEJIL denunció que la privación de libertad de Vélez Loor, que duró 10 meses, fue ilegal y arbitraria, no se respetó el debido proceso y no fue sometida a control judicial. Peor aún, el Estado panameño no le notificó las causas de su detención ni la resolución administrativa que lo condenó a dos años de prisión, no se le facilitó un abogado para que defendiera sus derechos y no se le permitió comunicación con el Cónsul de Ecuador en Panamá.

CEJIL pidió que se declare responsable a Panamá por violar los derechos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales y protección judicial a Vélez Loor.

El Estado por su parte sostiene que la detención fue legal y que la presunta víctima contó con todas las garantías para salvaguardar sus derechos. Afirma que la legislación panameña prevé que extranjeros, que reincidan en la entrada ilegal al territorio panameño, sean encarcelados por un periodo de dos años y luego deportados.

CEJIL espera que este caso contribuya a mejorar las condiciones carcelarias en las que se encuentran los privados de libertad en Panamá y que el Estado tome todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar la tortura. Además, con este caso queda clara la urgencia de que las órdenes de privación de libertad emanadas de autoridades administrativas siempre tengan control judicial para acreditar su legalidad o ilegalidad.

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