Palacio de Justicia: a 10 años de la sentencia de la Corte IDH, las víctimas y familiares aún esperan justicia

• Tras una década de la emblemática decisión de la Corte Interamericana que declaró a Colombia responsable por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad en el marco de la retoma del Palacio de Justicia, el persistente negacionismo sigue perpetuando la impunidad y retrasando la reparación integral para las víctimas.  

 Washington DC, 14 de noviembre de 2024 – El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los eventos más trágicos de su historia: el holocausto del Palacio de Justicia. Tras la toma del Palacio por parte del M-19, las fuerzas de seguridad del Estado respondieron de forma brutal y desproporcionada, con un modus operandi que incluyó la desaparición forzada, tortura e incluso la ejecución de personas a quienes consideraron sospechosas.  

En febrero de 2012, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien emitió su sentencia el 14 de noviembre de 2014. La Corte encontró al Estado colombiano responsable de la desaparición forzada de diez personas y la privación arbitraria de la vida de otras dos. De igual modo, consideró probado que, al menos, tres personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Sobre la desaparición forzada del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte consideró probado que salió con vida del Palacio de Justicia, fue ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.  

Además de los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante la retoma del edificio, la Corte consideró que Colombia omitió realizar las actividades para buscar a las personas desaparecidas y que no actuó con la debida diligencia durante la investigación.  

En consecuencia, ordenó una serie de medidas de reparación, entre las que destaca la investigación para establecer la verdad de los hechos, juzgar y sancionar a todos los responsables. De igual forma, ordenó la búsqueda de las personas desaparecidas, la elaboración de un documental audiovisual sobre el caso y la rehabilitación de las víctimas a través de la provisión de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.  

Sin embargo, a 10 años de la sentencia de la Corte IDH y casi 40 de los hechos, las víctimas siguen sin acceder a una verdadera justicia. Al menos cuatro de ellas han muerto en los últimos cinco años esperando el esclarecimiento de los hechos y una reparación que nunca llegó. El Estado continúa desconociendo los hechos ya establecidos en el proceso internacional, especialmente con relación a las desapariciones forzadas, ignorando el robusto material probatorio que fue analizado por la Corte IDH, como vídeos, reconocimientos de imágenes, documentos y declaraciones. Esto no solo desoye lo determinado en el fallo del tribunal interamericano, sino que se revictimiza a los familiares de las víctimas. Además, la postura negacionista el Estado ha ido acompañada de la falta de progresos en la búsqueda de las víctimas que aún continúan desaparecidas. 

Es por eso por lo que, a 10 años de la sentencia, urgimos al Estado colombiano a avanzar en la investigación de los hechos determinados por la Corte IDH, la búsqueda de las víctimas que continúan desaparecidas, así como en completar la búsqueda e identificación de los restos respecto de aquellas que solo se ha hecho de forma parcial. Es igualmente crucial que el Estado garantice la rehabilitación de las víctimas y que avance en la elaboración del documental audiovisual para honrar la memoria de quienes padecieron el brutal accionar de agentes del estado y la lucha sostenida por sus familiares contra el “pacto de silencio” y la impunidad que aún persiste.