Organizaciones representantes saludan sesión del Consejo Permanente de la OEA donde se abordó la situación de Nicaragua y solicitan seguimiento a los Estados para continuar con la búsqueda del respeto a la vida, integridad y seguridad de nicaragüenses en situación de riesgo

Washington D.C., 29 de marzo de 2023.- A través de una resolución el 22 de noviembre de 2022 y el 08 de febrero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos, ordenó que el Presidente del Alto Tribunal rindiera un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, en el cual brindaría información sobre el desacato permanente del Estado de Nicaragua en el marco de las medidas provisionales otorgadas en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de libertad en 8 centros carcelarios.

Como organizaciones representantes de 54 personas beneficiarias de las referidas medidas, expresamos nuestra condena al continuo y permanente desacato por parte del Estado de Nicaragua. La vida, integridad personal y seguridad de las personas beneficiarias permanece en riesgo. Esto se agrava en vista de la decisión ilegítima y unilateral del Estado de privar de su nacionalidad a 41 personas excarceladas y beneficiarias de las medidas; así como por la continuación de la privación arbitraria de la libertad de 4 personas beneficiarias, que permanecen sujetas a un entorno de tortura, malos tratos y amenazas.

Dicha situación se agudiza por lo que implica la privación arbitraria de la nacionalidad: La pérdida de la personalidad jurídica.  Dejándoles en una situación de desprotección, incertidumbre, en un limbo jurídico y en riesgo de apatridia.

En esa misma línea, resulta alarmante que posterior a este destierro masivo, otras 94 personas, exiliadas y en Nicaragua, beneficiarias de medidas de protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, de sus bienes y sus pensiones de jubilación.

Dichas acciones estatales constituyen una clara violación de derechos humanos que tiene como efecto el despojo de lazos familiares, sociales y culturales; obstaculizando el derecho a la reunificación familiar y anulando proyectos de vida.

Por consiguiente, como representantes en los asuntos de dichas medidas provisionales consideramos de gran importancia que se haya presentado el informe sobre el desacato del Estado de Nicaragua por el presidente de la Corte IDH ante el honorable Consejo Permanente de la OEA, así como el permitir la exposición contundente de la beneficiaria, defensora y feminista, Tamara Dávila. Por ello, saludamos lo expresado por los Estados de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay, quienes a través de sus diversos discursos, se pronunciaron a favor del seguimiento en la implementación de las medidas provisionales, el apoyo a las personas nicaragüenses y la condena a los hechos realizados por el Estado de Nicaragua.

Por ende, hacemos un llamado respetuoso y atento a la Comunidad Internacional, especialmente a los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a:

• Que condenen el desacato del Estado de Nicaragua y se continúe impulsando a través de las vías diplomáticas pertinentes la restauración de un Estado democrático en Nicaragua, así como el respeto a la vida, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Especialmente, el seguimiento a la implementación de las medidas provisionales objeto de la sesión, así como de otras medidas de protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• Que insten al Estado de Nicaragua a restituir la nacionalidad de las 318 personas afectadas. Incluyendo, garantizar el derecho a la reunificación familiar de las personas afectadas y a la continuación de su proyecto de vida.
• Que puedan extender su solidaridad como Estado a todas aquellas personas nicaragüenses que reciban en sus territorios y que fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, y sus familiares. Que con base al principio Pro Persona, puedan realizar una interpretación jurídica a favor de la protección de los derechos de tales personas. En particular, realizar acciones para que las personas solicitantes de la condición de refugio puedan gozar de un trámite expedito, al igual que aquellas solicitantes de la condición de apátrida y quienes soliciten, se les extienda una nueva nacionalidad.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso a seguir acompañando a las personas beneficiarias de las medidas provisionales. Su lucha, resiliencia y defensa de derechos humanos es referencia para continuar velando por el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos en Nicaragua y el mundo.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca

Unidad de Defensa Jurídica