Organizaciones internacionales repudian nueva ley en Perú que limita y censura actividades de organizaciones de sociedad civil

Washington D.C., 14 de marzo del 2025.- Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente la ley aprobada este 12 de marzo por el Congreso de Perú que impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de sociedad civil, teniendo un impacto inhibitorio en el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho a peticionar ante órganos de protección internacional.

Esta norma modifica el marco normativo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una agencia estatal dependiente del Gobierno, y le otorga facultades amplias para controlar y sancionar a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben financiamiento de la cooperación internacional. Bajo el pretexto de fortalecer la transparencia y supervisión de los recursos recibidos de la cooperación internacional, la ley convierte a la APCI en un órgano de control previo sobre las actividades de las ONG. A partir de ahora, las organizaciones deberán obtener la “conformidad previa” de la APCI para ejecutar sus planes, programas, proyectos y actividades, lo que somete su labor a la autorización del Estado y restringe su autonomía e independencia. Si una ONG ejecuta recursos sin esta aprobación, incurrirá en una “infracción grave”, lo que podría paralizar su trabajo y limitar su financiamiento.

La ley también tipifica como “infracción muy grave”, el supuesto “uso indebido” de los fondos de cooperación cuando estos sean utilizados para brindar asesoría, asistencia o financiamiento a acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano. En otras palabras, cualquier organización que apoye legalmente a comunidades o personas afectadas por violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, podría ser sancionada. Por ejemplo, si una ONG brinda asesoría a personas a quienes el Estado les adeuda una pensión adecuada o representa víctimas de violencia de género, sería castigada bajo esta nueva normativa.

Además, la APCI podrá imponer sanciones económicas desproporcionadas, con multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US $720,000), así como suspender o cancelar el registro de las organizaciones en caso de no cumplir con estas disposiciones. La ley también le otorga la facultad de denunciar ante cualquier entidad estatal a aquellas ONG que, a su criterio, realicen actividades que “contravengan la Constitución y la legislación vigente”, sin definir con claridad los criterios de aplicación. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones discrecionales y persecuciones arbitrarias contra organizaciones críticas al Gobierno.

Esta normativa pone en grave riesgo la labor de la sociedad civil, permitiendo que cualquier acción considerada incómoda para las autoridades pueda ser castigada. Se trata de un mecanismo de censura y control estatal que limita el derecho de las ONG a operar de manera independiente y sin injerencias indebidas, en un contexto donde muchas de estas organizaciones cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente.

Diversos órganos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos de Naciones Unidas y varios gobiernos que son socios de cooperación con Perú ya han manifestado su rechazo a esta ley, advirtiendo que la norma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y podría ser utilizada para restringir el espacio cívico y perseguir voces críticas en el país. Es importante destacar que esta ley se enmarca en un contexto más amplio de criminalización de las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos en Perú, ante el cual el Estado no ha tomado medidas efectivas para garantizar su protección. Un ejemplo claro de esto es la falta de un marco normativo en Perú que asegure la protección de quienes defienden los derechos humanos. Además, esta ley que busca limitar el trabajo de las personas defensoras se suma a una tendencia regional de normativas similares aprobadas en países como Venezuela, Nicaragua, Paraguay, entre otros.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro firme rechazo a esta ley y alertamos sobre sus graves implicaciones para la democracia y el Estado de derecho en Perú. Instamos al Poder Ejecutivo a observar esta normativa y evitar su promulgación, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a continuar reaccionando ante esta amenaza contra la sociedad civil y los derechos fundamentales en el país.

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)