1 de diciembre de 2022 Comunicado de Prensa

Organizaciones internacionales denuncian graves retrocesos en el caso Diario Militar

Washington, D.C.- San José, Costa Rica. 30 de noviembre de 2022. Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra grave preocupación ante lo que parece un intento deliberado de desmantelar el caso conocido como el “Dossier de la Muerte” o “Diario Militar”, impulsado desde hace años por víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró a Guatemala responsable por graves violaciones a los derechos humanos en este caso y ordenó al Estado investigar, procesar y castigar a los responsables en éste y otros casos del conflicto armado interno.

En mayo de 2022, el juez a cargo del caso, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a nueve exfuncionarios militares y policías, acusados de ser responsables de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual contra al menos 195 personas durante el gobierno de facto del general Óscar Mejía Víctores, entre 1983 y 1985. Luego, ligó a proceso a seis sindicados más. Como resultado de una persecución política y judicial en su contra, el 15 de noviembre, Gálvez renunció como juez y el caso pasó a la sala de la jueza Claudette Domínguez, hasta que se designe al sucesor del juez Gálvez.

En las últimas semanas se han emitido dos resoluciones judiciales que generan preocupación sobre la posibilidad de lograr una rendición de cuentas en el caso Diario Militar.

En la primera resolución, emitida el 28 de noviembre, la jueza Claudette Domínguez otorgó medidas sustitutivas a favor del sindicado Toribio Acevedo, fundamentando que padece de problemas serios de salud. Acevedo, quien estuvo como fugitivo por casi un año hasta su detención en Panamá en mayo de este año, fue ligado a proceso por el juez Galvez por delitos contra deberes de humanidad, desaparción forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La resolución de la jueza Domínguez ignora que la ley expresamente prohibe dictar medidas sustitutivas a personas acusadas de asesinato y desconoce el peligro de fuga y de obstaculización para conocer la verdad. Además, ignora el peligro que representa anular la prisión preventiva dictada a Toribio Acevedo para los y las sobrevivientes y familias de las víctimas del caso. Esto es un elemento importante por las graves acusaciones que pesan sobre él., como la comisión de actos de tortura, que los testigos señalan en el caso.

La segunda resolución que genera preocupación es un amparo a favor del coronel retirado, Jacobo Esdras Salán Sánchez, otorgado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. Salán Sánchez es otro de los nueve sindicados enviados a juicio por el Juez Gálvez el 6 de mayo de 2022. La corte ordena al juez que repita las audiencias de resolución final para que responda a los planteamientos de la defensa, que alega violaciones del debido proceso, entre otras cosas. Con esta resolución, Claudette Dominguez, o quien suceda al juez Gálvez, podrían desestimar la acusación contra Salán Sánchez, lo cual podría beneficiar también a los otros acusados que fueron enviados a juicio.

La jueza Claudette Domínguez, también ha dictado otras resoluciones que han sido cuestionadas. Ella fue señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de favorecer a personas sindicadas de serios hechos de corrupción. Además, ha sido cuestionada por favorecer a militares acusados en varios casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el caso masivo de desaparición forzada conocido como Caso Creompaz y el caso de violencia sexual Maya Achi, en el cual fue recusada por las víctimas luego de desestimar la acusación contra los sindicados.

Los arrestos ocurridos en en el caso en 2021 y 2022 abrieron una esperanza para esclarecer los hechos y lograr la sanción a los responsables, sin embargo, decisiones como las recientemente emitidas por Claudette Domínguez y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones representan un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y los derechos de las familias de las víctimas, que han esperado más de 40 años para encontrar justicia.

Vale señalar que en junio de 2022 la CIDH otorgó medidas provisionales a favor de las familias del caso y ordenó al Ministerio Público y el Organismo Judicial adoptar medidas para garantizar el desarrollo del proceso judicial del Caso Diario Militar.

Expresamos nuestra grave preocupación ante la evidente cooptación del sistema de justicia en Guatemala y los intentos de desmantelar casos de justicia transicional como es el Caso Diario Militar.

Llamamos al Estado de Guatemala a cumplir con sus obligaciones internacionales en este sentido y solicitamos a la comunidad internacional a continuar velando por los derechos de las víctimas a acceder a una justicia pronta y cumplida.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Latin America Working Group (LAWG)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)

Center for Justice & International Law (CEJIL)