Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua
Washington DC, miércoles 26 de marzo del 2014.– Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las constantes violaciones a los derechos que sufren los pueblos indígenas en Nicaragua.
Parte de estas violaciones incluyen la invasión de sus territorios, la falta de consulta y consentimiento previo en decisiones que les afectan y la afectación al derecho de participación política.
Las organizaciones destacaron que el avance del fenómeno de invasión, colonización y la devastación de recursos naturales y territorios indígenas es acelerado e incontenido, poniendo en grave peligro la subsistencia de estos pueblos y sus posibilidades de desarrollo.
Si bien en el año 2002 se aprobó la ley número 445, la cual garantiza la demarcación y entrega de los territorios ocupados por no indígenas a los pueblos autóctonos, hasta la fecha no se ha logrado culminar este proceso.
Por ejemplo, la comunidad de Awas Tingni, pese a contar con una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no recibe efectivamente la totalidad de sus tierras, las cuales se estiman ocupadas en un 91% por personas no indígenas. Resulta preocupante que ante esta situación las autoridades nicaragüenses no estén aplicando medidas para combatir y erradicar las invasiones ilegales.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por la construcción del Gran Canal Interoceánico ya que este proyecto afectaría aproximadamente a un 40% de los territorios indígenas rama y kriol. Pese a este grave riesgo no se cumplió con garantizar el derecho a la consulta ni al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos.
Por otro lado, los indígenas pertenecientes a la etnia miskita denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, debido al trabajo de buceo que realizan para recolectar langostas, caracol del caribe y pepino de mar en la Costa Atlántica.
En el marco de esta actividad laboral los miskitos trabajan en promedio de 12 a 17 días en alta mar, con sesiones de buceo de más de 12 horas diarias y están expuestos a enfermedades como la aeroembolia, la embolia cerebral, la paraplejía o la hemiplejia, producidas por el síndrome de la descompresión. Todo esto sin ningún tipo regulación por parte del estado.
Las organizaciones también alertaron sobre la ausencia de una ley específica para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país que regule su situación jurídica como pueblos indígenas y reconozca su autonomía.
Finalmente en la audiencia se señaló que persiste una afectación al derecho de participación política de acuerdo a los propios usos y costumbres de los pueblos indígenas, en contravención a lo ordenado por la Corte Interamericana en sentencia del caso Yatama emitida el año 2005.
En la audiencia ante la CIDH participaron representantes del Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas (CALPI), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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