Organizaciones de Sociedad Civil saludan logros de CICIG e instan a proteger su legado

Las Américas 22 de agosto de 2019. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha demostrado ser un ejemplo pionero de cómo la comunidad internacional puede apoyar a países sumidos en la impunidad. La CICIG ha desplegado significativos esfuerzos para combatir la corrupción de alto nivel arraigada en Guatemala, ha impulsado importantes reformas legales y ha mejorado las capacidades domésticas, ganándose con todo esto, la abrumadora aprobación del pueblo guatemalteco. En otros países, sociedades cansadas de la corrupción se han sentido alentadas por la experiencia guatemalteca, han aprendido de ella y, de hecho, han intentado replicarla en otros lugares. La comunidad internacional debe celebrar y apoyar este éxito.

En sus 12 años, la CICIG desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia de Guatemala, por medio del avance de casos paradigmáticos de corrupción y del procesamiento de criminales poderosos (incluyendo el desmantelamiento de 70 estructuras criminales), brindando apoyo internacional en 34 reformas legales clave, promoviendo la adopción de herramientas y técnicas de investigación modernas y fortaleciendo – e incluso salvaguardando – las instituciones estatales y el sistema democrático en general.

En los últimos años, los países de América Latina – así como muchos otros en todo el mundo – se han visto afectados por grandes casos de corrupción y, como consecuencia, por graves y masivas violaciones de derechos humanos. La infiltración de elementos criminales en el aparato estatal de varios países no solo ha aumentado en dimensiones y alcance, sino que también ha adoptado un mayor nivel de sofisticación y complejidad, inclusive en algunos países hasta las más altas autoridades públicas han sido cómplices de corrupción o cooptadas por el crimen organizado. Esto ha generado un fuerte movimiento ciudadano y exigencias de rendición de cuentas, pero lamentablemente muchos de estos casos se mantienen en la impunidad, y los sistemas de justicia penal resultan insuficientes para enfrentar con efectividad la investigación y persecución de perpetradores poderosos.

Hace doce años, cuando la CICIG comenzó sus operaciones, Guatemala era uno de los ejemplos más extremos de esta aflicción. Estos eran tiempos en los que desafiar el poder paralelo parecía una tarea imposible, cuando la impunidad corría desenfrenada y se pensaba que ciertas personas de alto perfil eran simplemente intocables. Durante su mandato, la CICIG logró destruir estas percepciones. Trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, la labor de la CICIG ha resultado en más de 320 investigaciones y en el enjuiciamiento de varios altos funcionarios de gobierno, de docenas de narcotraficantes poderosos, de redes de extorsión, de políticos y de oficiales de seguridad de alto rango. Además, sus investigaciones han expulsado a más de una docena de jueces y miles de policías corruptos. Así es como, de la mano de la CICIG, Guatemala se convirtió en un líder mundial en la lucha contra la corrupción y el enjuiciamiento en tribunales nacionales de crímenes internacionales.

La decisión del gobierno guatemalteco de terminar de manera unilateral el acuerdo con las Naciones Unidas, y la continua violación de sus obligaciones convencionales, no debe ser aquello por lo que se recuerde a CICIG, sino que, por el contrario, estos eventos deben servir como un recordatorio de que aquellos que se benefician de la corrupción harán todo lo que esté en su poder para evitar que tales iniciativas tengan éxito. También debe servirle a la comunidad internacional como una advertencia de que las iniciativas que tienen como objetivo la rendición de cuentas solo tendrán éxito cuando la sed nacional de justicia se vea respaldada por un apoyo internacional consistente y sólido. De hecho, la erosión de este apoyo en los últimos dos años fue lo que permitió que los actores corruptos finalmente lograran socavar el mandato de la CICIG, revertir los logros en el ámbito de independencia procesal y judicial, y lanzar peligrosos y continuos ataques en contra de la Corte Constitucional del país.

La lucha contra la corrupción y la impunidad son elementos centrales en la protección de los derechos humanos. Combatir la corrupción y el crimen organizado no sólo es de interés del Estado, sino que también constituye una obligación a la luz del derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “los esfuerzos para combatir la corrupción son esenciales para asegurar el disfrute de derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, en particular, derechos económicos, sociales y culturales que dependen de una gobernanza transparente y efectiva”. La corrupción en el ámbito de la gestión de fondos públicos pone en riesgo la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, específicamente, «en materia de alimentación, salud, trabajo, educación, vida digna y justicia». El sistema interamericano de derechos humanos, como último protector de los derechos de las personas de nuestra región, debe defender sus propias palabras y resguardar estos mecanismos y su trabajo con todas las herramientas que tiene a su disposición.

Expresamos nuestra profunda preocupación por los asesinatos de defensores de derechos humanos y la criminalización de los periodistas, abogados y fiscales que formaron parte de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Instamos al Ministerio Público y a las autoridades del nuevo gobierno guatemalteco a que protejan los avances alcanzados y sigan trabajando en la lucha contra la impunidad. En particular, es esencial facilitar el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, involucrada en varias investigaciones de corrupción de alto nivel actualmente en curso.

Cuando sea el momento oportuno, la comunidad internacional, a través de un apoyo integrado y multilateral, de las instituciones de la OEA y de Naciones Unidas, debe estar preparada para ayudar a Guatemala a reanudar su lucha contra la impunidad; así como también debe aprender de estos desafíos para poder responder de manera efectiva a todas esas personas y gobiernos que se han llenado de esperanza e inspiración por el éxito logrado por la CICIG.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición Contra la impunidad (CCI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Laboratorio de Paz
Caleidoscopio Humano (CH)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Equipo de Reflexión, Invedtigación y Comunicación (ERIC)
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Defensa en Accion
Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos
Cepaz
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Aguaclara
JASS (Asociadas por lo Justo)
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» CCAJAR
Movimiento autónomo de Mujeres
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative
International Service for Human Rights (ISHR)
Robert F. Kennedy Human Rights