Organizaciones de las Américas expresan preocupación ante destitución arbitraria de 28 diputados/as en Nicaragua

San José, 4 de agosto de 2015.- El pasado 29 de julio, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua destituyó a 28 diputados (16 propietarios y 12 suplentes) de la Asamblea Nacional, quienes habían resultado electos por el voto popular en el año 2011 como militantes del Partido Liberal Independiente (PLI).

Esta decisión fue tomada como consecuencia de una petición interpuesta por el actual representante legal del PLI, Pedro Reyes Vallejos, ante el Consejo Supremo Electoral. En la solicitud se habría alegado que los diputados ahora destituidos no obedecían ni respetaban los estatutos del partido y que habían anunciado públicamente que formarían otro movimiento político. Asimismo, en el documento firmado por Reyes Vallejos, se les acusó de desconocer la sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de junio, a través de la cual el órgano destituyó a las autoridades del PLI nombradas en el 2011, para otorgar la representación legal al señor Pedro Reyes.

La decisión del Consejo Supremo Electoral esgrime reformas recientes a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecen el  transfuguismo político como causal para la pérdida de la credencial de diputado o diputada. A las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas les preocupa que la aplicación de estas reformas genere distorsiones a la democracia representativa y afecte los derechos políticos de las personas que se postulan a cargos de elección popular.

Asimismo, resulta de suma gravedad que la destitución de los 28 diputados/as se haya realizado tan solo tres días después de que fuera solicitada y sin mediar un debido proceso. Lo anterior constituye una decisión arbitraria, que violenta de manera flagrante los derechos políticos de los y las representantes destituidos.

A la luz de los estándares internacionales (ver documento completo para más detalle), los integrantes de la Coalición que firman el pronunciamiento alarman a la comunidad internacional ante la arbitrariedad de la decisión. Además, exhortan al Estado de Nicaragua a revertir la decisión del Consejo Supremo Electoral, de manera que se respete la voluntad de quienes eligieron a sus representantes ante la Asamblea Nacional y se garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los ciudadanos nicaragüenses.

Por último, los miembros de la Coalición alertan a los órganos internacionales -como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías especiales de la ONU- para que den seguimiento a estas medidas y exijan el cumplimiento de las obligaciones internacionales en el país.