Organizaciones de derechos humanos manifiestan preocupación ante el avance de un proyecto de ley que podría restringir y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay

Asunción, Paraguay, 31 de julio de 2024.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el proyecto de ley aprobado el 8 de julio por el Senado paraguayo y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, el cual busca establecer «el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro». A pesar del enorme impacto que esta propuesta legislativa tiene sobre las organizaciones sociales, y su supuesta motivación en la debilidad del marco normativo para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, el Senado no realizó un proceso amplio y participativo de consulta pública que considerara la posición de las organizaciones y demás actores relevantes de la sociedad civil. En cambio, impulsó su aprobación en una sesión extraordinaria, durante la cual algunos senadores y senadoras dirigieron ataques directos contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil paraguaya.

Esta iniciativa es contraria a los estándares internacionales que protegen los derechos a la libertad de asociación y expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y el derecho a defender los derechos humanos. De entrar en vigencia, implicaría una amenaza para la labor de las organizaciones de derechos humanos y una reducción del espacio cívico, al imponer restricciones que podrían afectar su funcionamiento y financiamiento, y exponerlas a sanciones administrativas desproporcionadas.

El lenguaje vago e impreciso del proyecto conlleva riesgos de que sus disposiciones sean aplicadas de manera arbitraria. El proyecto de ley aplica cuando los fondos de las organizaciones, sean públicos o privados, se destinan a prestaciones relacionadas con competencias estatales, dejando un amplio margen de discrecionalidad en el control estatal. Esto podría comprometer actividades como la promoción y defensa de derechos humanos, estableciendo un régimen de control innecesario y desproporcionado que obstaculiza el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones bajo el pretexto de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, la iniciativa obliga a las organizaciones a inscribirse en un Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro bajo el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, no se justifica la necesidad de este nuevo registro, ya que existen varios registros obligatorios actualmente, inclusive algunos a cargo del mismo ministerio que se encargaría del nuevo registro.  

Por otro lado, el proyecto exige que las organizaciones presenten informes semestrales sobre el uso de fondos y publiquen en sus páginas web los gastos detallados. Esta divulgación pública puede interferir de manera injustificada y desproporcionada en la privacidad, libertad de asociación y defensa de derechos humanos, comprometiendo además la seguridad de las organizaciones, sus miembros, aportantes y beneficiarios.

Quienes no se inscriban en el Registro, no revelen sus fuentes de financiación o incumplan las disposiciones de la ley y su eventual reglamentación podrían enfrentarse a sanciones civiles desproporcionadas. Estas sanciones afectarían tanto a personas jurídicas como personas físicas vinculadas con las organizaciones, sin describir las conductas que constituirán cada infracción. El régimen previsto en el proyecto de ley contempla sanciones que incluyen multas exorbitantes que pueden alcanzar mil (US$ 369.000) o quinientos (US$ 184.500) salarios mínimos mensuales para personas jurídicas y físicas, respectivamente. En el caso de las personas jurídicas, se contempla la suspensión o incluso el cese definitivo de las actividades de la organización. Además, para las personas físicas, se prevé la remoción del cargo con inhabilitación para ejercer la dirección, administración, representación o fiscalización de la organización por un periodo de cinco a diez años, o la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el sector público durante el mismo período.

Asimismo, nos resulta preocupante que en sus intervenciones durante la sesión de debate de la ley, senadores y senadoras dirigieron ataques directos contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil paraguaya tales como Tecnología y Derechos Humanos (TEDIC) y Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco (Tierraviva). En estas intervenciones, una senadora afirmó que el financiamiento de TEDIC es utilizado para fomentar “campañas proselitistas” y puntualizó sobre la persona de uno de sus colaboradores. Por su lado, otro senador acusó a la organización Tierraviva de “robar en nombre de los indígenas”. Quienes realizaron estas afirmaciones formaron parte del grupo que redactó y presentó el proyecto.

Las organizaciones firmantes repudiamos los ataques contra las organizaciones y sus integrantes, y manifestamos nuestra preocupación por este proyecto que impone un control estatal excesivo y arbitrario sobre ellas, obstaculizando la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, instamos al Estado paraguayo llevar adelante una revisión exhaustiva de dicha iniciativa mediante una discusión pública que incorpore a las organizaciones de la sociedad civil afectadas y considere la obligación estatal de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos.

• Acceso a la Justicia – Venezuela
• Acción Solidaria – Venezuela
• AlertaVenezuela – Colombia
• Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP – Colombia
• Amnistìa Internacional – Global
• Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC) – Paraguay
• Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA)  – Honduras 
• Asociación Pro Derechos Humanos – Perú
• Aula Abierta  
• Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado – Venezuela
• Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
• Centro de Justicia y Paz – Venezuela
• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad – Perú
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
• Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas – Chile
• Circulo emancipador de mujeres y niñas con discapacidad de Chile, CIMUNIDIS – Chile
• Civilis  – Venezuela
• CODHES – Colombia
• Comision Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos – México
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) – Red Regional
• Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) – Paraguay
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras
• Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
• Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – LAC (regional)
• Fundación Aguaclara – Venezuela
• Fundación Étnica integral – Republica dominicana
• Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)  – Colombia
• Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) – Venezuela
• Paz y Esperanza – Perú
• Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos humanos (PROVEA) – Venezuela
• Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY) – Paraguay
• Synergía, iniciativas para los derechos humanos  – Estados Unidos
• Tierraviva – Paraguay