Organizaciones de derechos humanos denuncian ante altas autoridades de la OEA situaciones ocurridas durante covid-19

Washington, D.C. 19 de octubre, 2020.-  Una coalición conformada por centenares de organizaciones de derechos humanos expuso sus preocupaciones en materia de derechos humanos durante un diálogo con autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sociedad civil, celebrado el día de hoy en el marco de la quincuagésima Asamblea General de la OEA.

Las denuncias se enfocaron, en primer lugar, en la ausencia de garantía por parte de los Estados de la región de una respuesta con un enfoque de derechos humanos a la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Por el contrario, muchas de las medidas sanitarias planteadas por distintos Estados de la región se impusieron a través de un uso abusivo de la fuerza y otras medidas represivas. 

De los casos documentados se destacan El Salvador, Venezuela y Paraguay, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, en donde los períodos de cuarentena se ampliaron sin mayor comunicación sobre los criterios identificados para tomar esta decisión. Miles de personas a su vez fueron detenidas y enviadas a centros estatales de cuarentena antihigiénicos y mal abastecidos. Estos centros no contaron, en su mayoría, con acceso al agua, alimentación y servicios médicos. Cabe señalar que durante las cuarentenas, la violencia de género también aumentó a lo largo y ancho de la región, acompañándose a su vez por un incremento desproporcionado en la carga laboral de las mujeres. En ese sentido, se manifestó la necesidad de que los Estados luchen en contra de cualquier conducta discriminatoria y garanticen el acceso a derechos básicos, protegiendo a las poblaciones más vulnerables de la región. 

Por otra parte, las personas defensoras de derechos humanos atravesaron una situación de profundización de riesgos, a raíz del covid-19 y por la constante ausencia de respuesta por parte de los Estados. Las amenazas, agresiones, hostigamientos, estigmatización, criminalización, asesinatos y hasta la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de las organizaciones se presentaron como situaciones constantes. En Nicaragua por ejemplo, se canceló la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de nueve organizaciones más, y se impide el acompañamiento pleno a las víctimas en los casos relacionados con instituciones estatales. Estar en una situación jurídica indefinida las pone en mayor riesgo en un contexto represivo que se prolonga y recrudece. En Colombia, en lo que va del 2020, se han registrado por lo menos 160 asesinatos de personas defensoras. En México, tan solo de enero a mayo de 2020, se registraron 250 agresiones, y cinco periodistas y cuatro personas defensoras fueron asesinadas, y en Venezuela se han recrudecido los ataques a organizaciones que colaboran con la ONU y el Sistema Interamericano. Situaciones alarmantes se presentan también en Guatemala y Honduras. 

Por ello, más allá de la resolución que se emite todos los años por parte de la OEA en materia de la situación de personas defensoras de derechos humanos, se pidió un reconocimiento del trabajo de este colectivo, con un llamado específico a la adopción de “políticas públicas participativas, transparentes e integrales desde un enfoque interseccional que identifiquen los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras”. Estas a su vez deberían incluir la investigación y sanción de delitos en contra de quienes defienden derechos humanos y atender a las causas estructurales que generan riesgos.

Frente a todo lo anterior, la Coalición enfatizó que para responder a estas crisis nuevas y recurrentes, es de suma urgencia contar con un Sistema Interamericano de Derechos Humanos fortalecido por parte de los Estados miembros de la OEA. El próximo año se celebrarán elecciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Sin embargo, aún impera una falta de transparencia en los procesos de nominación a nivel nacional. Para garantizar un mayor impacto de ambos órganos de derechos humanos, se solicitó que los Estados garanticen que las y los candidatos sean personas independientes, competentes y representativas de la diversidad étnica y de género de la región. 

Clave para garantizar la eficacia y el funcionamiento del sistema es garantizar su financiamiento adecuado. A pesar del acuerdo asumido en 2017 durante la Asamblea General de Cancún de duplicar los fondos otorgados a los órganos del SIDH y sostenerlos por su fondo regular al cabo de tres años, a la fecha ha ocurrido un distanciamiento de este compromiso. “Es imprescindible que los Estados aseguren que el Sistema Interamericano cuente con los recursos necesarios para garantizar la protección efectiva y duradera de los derechos de los habitantes del continente” indicó la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas.
 

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