30 de septiembre de 2021 Comunicado de Prensa

Organizaciones de América Latina alertan riesgos y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en la región, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

30 de septiembre de 2021.- El miércoles 28 de septiembre en el marco del 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un primer encuentro virtual sobre “Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en el contexto de las industrias extractivas”, con participación de diversas organizaciones provenientes de América Latina, específicamente de México, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Perú, y las Relatorías sobre la situación de personas defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, representadas por Joel Hernández y Mary Lawlor, respectivamente.

Durante el inicio del evento, Andrea Bolaños, defensora de derechos humanos e integrante de ECO-DH, señaló la importancia de este primer encuentro virtual de organizaciones de América Latina, durante el contexto de pandemia, para discutir sobre los retos y dificultades que enfrentan las personas defensoras en la región, en particular los actos de criminalización en contextos de políticas de despojo e industrias extractivas. En especial resaltó el importante trabajo de articulación de las organizaciones convocantes, quienes durante el proceso de organización del evento, han logrado juntar sus experiencias y la diversidad de voces de la región, para visibilizar las agresiones y los actos de criminalización que enfrentan personas defensoras en sus procesos de lucha y búsqueda de justicia, a la vez, que compartieron estrategias para fortalecer su labor.

En el primer panel sobre el contexto de las personas defensoras en América Latina, Elida Lauris de la organización Terra de Direitos, resaltó las amenazas legislativas impulsadas por las industrias extractivas en el contexto de Brasil, coludidas entre diversos actores públicos y privados, quienes pretenden despojar a pueblos y comunidades indígenas de sus territorios por considerarse estratégicos. También mencionó el desmantelamiento de instituciones a favor de los derechos humanos, como es el caso de la Fiscalía Ambiental en el país, y además expresó su preocupación ante la profundización de la militarización bajo el actual Gobierno, a lo cual se suman narrativas y normatividades que limitan el derecho a la protesta y la movilización social.

Por su parte, Mara Bocaletti de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, destacó la importancia de implementar criterios judiciales en cada uno de los países, ante la presentación de demandas sin fundamento, debido al debilitamiento del sistema de justicia y el efecto que se pretende al inhibir la labor de defensa. Así mismo, señaló que es necesario fortalecer las políticas de difusión de información y participación efectiva, así como tener una política de tolerancia cero a las agresiones y narrativas contrarias al derecho a defender derechos humanos.

Sofía Jarrin de Amazon Watch, señaló que según datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en 2020 a nivel global hubo 604 agresiones contra los/las defensores/as que trabajan en cuestiones de derechos humanos relacionadas con empresas, en el que aproximadamente la mitad se dieron en América Latina. Así mismo, mencionó que la Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador ha documentado en el país 22 casos emblemáticos, de los cuales 18 están relacionados con industrias extractivas y el sector energético, siendo las principales afectadas comunidades indígenas y afrodescendientes. Hizo un llamado a que los Estados investiguen de manera diligente y sancionen a los actores empresariales que incurran en violaciones de derechos humanos, y que las empresas implementen acciones de debida diligencia, rendición de cuentas y respeto a la labor que realizan personas defensoras.

Para finalizar el 1er panel intervino Joel Hernández, Relator sobre la situación de personas defensoras de derechos y operadores de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien resaltó el derecho a defender los derechos humanos y el deber de los estados de garantizar que las personas defensoras puedan ejercer su labor. Mencionó, también, la importancia de generar políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, que respete a las comunidades a través del consentimiento, previo libre e informado, y el respeto a sus territorios conforme obligaciones internacionales establecidas. Destacó que los Estados tienen una obligación reforzada y un rol de fiscalización de las actividades empresariales que limiten y vulneren los derechos humanos.

Durante el segundo panel sobre situaciones específicas de criminalización, Yéssica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras, destacó que la criminalización persiste en el país, y se ha agravado bajo el actual Gobierno que ha limitado los espacios democráticos y ha hecho uso del derecho penal para perseguir y acosar a líderes y lideresas. Lo anterior, además se caracteriza por el avance de industrias extractivas, que vulneran los derechos humanos de comunidades que defienden sus territorios, en especial comunidades garífunas. Además, mencionó que estas acciones, han sido acompañadas de una narrativa estigmatizante contraria a quienes defienden derechos humanos, que en el caso de mujeres defensoras se agrava por discursos misóginos y machistas derivados de la cultura patriarcal.

Luis Xavier Solís, de la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, señaló que desde la Alianza se han documentado al menos 449 casos de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en los últimos 10 años en el país. Tan solo desde el mes de julio del presente año a la fecha, se han contabilizado dos nuevos casos penales, donde se criminalizan a 11 personas, de las cuales seis son indígenas. Señaló que los principales agresores son empresas, ya sean privadas o públicas, quienes actúan de manera coordinada con operadores de justicia y funcionarios públicos locales, sin que existan en la actualidad garantías para el debido proceso.

Por su parte, Carlo Carvajal, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hizo referencia a que uno de los mayores riesgos que enfrentan las personas defensoras, el cual impide y obstaculiza el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos, es la militarización y uso de la fuerza pública para reprimir el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Mencionó que en el caso de México la creación de la Guardía Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, vulneran los derechos humanos al militarizar la seguridad pública, así como por su lenguaje vago y ambiguo que faculta a la Guardia Nacional a usar la fuerza sin criterios claros, en perjuicio de los derechos humanos.

La jueza Erika Aifán de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad abordó el patrón de la criminalización contra las y los operadores de justicia como represalia a sus funciones de protección a los derechos humanos y combate a la corrupción y la impunidad. Destacó que las amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y los procesos de criminalización que enfrentan ponen en riesgo la vida e integridad de los jueces y juezas que tienen a su cargo procesos de alto impacto, pero también perjudican la independencia judicial. Contra ella en particular, se han acumulado alrededor de 150 denuncias penales y administrativas infundadas hasta la fecha.

Para finalizar el 2do panel intervino Mary Lawlor, Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, resaltó el impacto de la violencia y criminalización que enfrentan varias comunidades que defienden el territorio, en particular hacia mujeres defensoras. Hizo especial énfasis a los efectos que implican los procesos penales largos y extenuantes a los que son sometidas las personas defensoras, teniendo un impacto psicosocial y económico a la persona, su familia y afectando el tejido social de la comunidad que defiende sus derechos.

Del público por su parte intervino Ronnie Boquier de COFAVIC, quien mencionó que en Venezuela, al igual que en los otros países de la región, en los últimos meses se han intensificado las acciones de persecución contra personas defensoras. Mencionó que en 2020 documentaron al menos 216 casos de violaciones cometidas contra de personas defensoras y organizaciones, siendo un aumento del 155% en contraste con 2019. Manifestó que de enero a julio de 2021, se han registrado 150 casos de amenazas, lo que evidencia la continuidad y aumento de los ataques.

Para finalizar el evento, Melisanda Trenti de Justicia Global y Mario Hurtado por parte del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, resaltaron la importancia de que los Estados promuevan políticas públicas que garanticen el derecho a defender derechos humanos desde un enfoque integral, que respete a las comunidades, pueblos y sus territorios, así como de la necesidad de seguir fomentando acciones articuladas entre organizaciones de América Latina para enfrentar la violencia y medidas contrarias a la defensa de derechos humanos.

Organizaciones convocantes del evento:

Alianza por los derechos humanos (Ecuador), Amazon Watch (Ecuador), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (México), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”, (México), COFAVIC (Venezuela), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (México), CooperAcción (Perú), Fundación para el Debido Proceso, Gente Positiva Cr (Costa Rica), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en México – Espacio OSC, (México), ECO- DH, Espacio de confluencia de personas defensoras de derechos humanos, Fundación Construir (Bolivia), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, INREDH (Ecuador), Servicio Jesuita a Refugiados (México), Justiça Global (Brasil), Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Honduras y Guatemala), Protección Internacional Mesoamérica, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación – PODER (México/Latinoamérica), Red Muqui, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” – Red TDT, (México), Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI (Guatemala), Terra de Direitos (Brasil).