23 de mayo de 2025 Comunicado de Prensa

Nuevo informe advierte sobre retrocesos graves en la independencia judicial en Centroamérica y sus consecuencias para la democracia

Ciudad de Guatemala, 23 de mayo de 2025.– Las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Programa ACTuando Juntas JOTAY y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, presentaron hoy el informe Independencia judicial en Centroamérica: un anhelo todavía lejano, una investigación regional que documenta el deterioro sostenido de la independencia judicial en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Elaborado con aportes de reconocidas personas expertas en derechos humanos y derecho constitucional, el informe presenta un análisis detallado y comparativo de los principales desafíos que enfrentan personas juzgadoras y fiscales en Centroamérica para desempeñar su labor con independencia e imparcialidad, así como las consecuencias que esto genera para la vigencia del Estado de derecho. A partir de esta revisión, se identifica un patrón alarmante: prácticas sistemáticas de cooptación política de las Altas Cortes, procesos de selección opacos, persecución a personas operadoras de justicia que actúan con independencia y la instrumentalización del sistema de justicia penal para criminalizar a quienes investigan o juzgan casos sensibles relacionados con corrupción, violaciones a derechos humanos o abusos de poder.

Hallazgos principales

El informe revela que, si bien los países centroamericanos –con excepción de Nicaragua– cuentan con marcos normativos que reconocen la independencia judicial, en la práctica persisten graves vulneraciones:

• Procesos de selección y nombramiento politizados: en los países analizados, los poderes políticos son quienes eligen a las magistraturas de las Cortes Supremas. En la mayoría de los casos, los procesos carecen de transparencia, objetividad y participación ciudadana efectiva. En Nicaragua, en cambio, la reforma constitucional de 2024 que entró en vigencia en 2025, eliminó la división de poderes, permitiendo al Ejecutivo controlar directamente al Poder Judicial.
• Destituciones arbitrarias y traslados como mecanismos de castigo: el informe explica cómo la destitución y el traslado de jueces y juezas ha sido utilizado como herramienta de control, represalia, intimidación o censura sobre la labor de las personas operadoras de justicia. En algunos casos –como Guatemala y El Salvador, estas medidas han estado acompañadas de campañas de estigmatización o procesos penales infundados contra personas juzgadoras y fiscales.

• Sistemas profesionales de carrera inexistentes o precarios: La ausencia de criterios claros para el ingreso, permanencia y ascenso dentro de los Poderes Judiciales debilita la profesionalización, fomenta la discrecionalidad y expone a las personas juzgadoras a presiones indebidas.

• Corrupción y captura institucional: El informe señala que el debilitamiento de la independencia judicial abre espacio a redes de corrupción tanto dentro como fuera del sistema de justicia, que actúan para proteger intereses privados o políticos, en detrimento del interés público.

El análisis también incorpora un enfoque interseccional que permite identificar cómo las mujeres, pueblos indígenas y otros grupos históricamente discriminados enfrentan obstáculos específicos en el acceso y ejercicio de funciones judiciales. En todos los países analizados se observa una subrepresentación preocupante de estas poblaciones en las altas cortes y fiscalías.

Recomendaciones a los Estados

El informe ofrece recomendaciones concretas para revertir estas tendencias, entre ellas:

• Reformar los procesos de selección y nombramiento de magistraturas y fiscalías generales para que estén basados en mérito, idoneidad profesional y transparencia; así como aplicar marcos normativos con base en transparencia, participación ciudadana y acceso a la información pública.
• Garantizar la inamovilidad y estabilidad en el cargo de personas juzgadoras y fiscales, protegiéndolos de traslados o destituciones arbitrarias.

• Fortalecer las instancias de carrera judicial y fiscal para asegurar condiciones laborales y de seguridad adecuadas.

• Adoptar medidas urgentes de protección para las personas operadoras de justicia que enfrentan amenazas, criminalización o exilio.

• Fortalecer los mecanismos de prevención e identificación de la corrupción judicial.

Como parte de este esfuerzo regional, las organizaciones estarán compartiendo próximamente  informes individuales por país, que profundizan el análisis específico de cada contexto nacional. Estos documentos incluirán información detallada sobre los principales casos, marcos normativos y dinámicas institucionales que explican el estado actual de la independencia judicial en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su objetivo es ofrecer herramientas más precisas para la denuncia, la incidencia y el fortalecimiento del Estado de derecho en cada país.