“Nos están robando nuestra fuente de agua”: Comunidades de Guapinol y sector San Pedro exponen ante la CIDH vulneración de derechos

• El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes demandó la urgencia de que se suspendan los permisos de explotación minera y se atiendan los expedientes que demuestran la ilegalidad y el impacto ambiental de las empresas mineras en la zona.

San José, Tegucigalpa, 03 de mayo, 2023.- El pasado 28 y 29 de abril, personas defensoras de las comunidades de Guapinol y sector San Pedro se trasladaron a Tegucigalpa, Honduras para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su visita in loco al país, que el Estado hondureño ha favorecido a las empresas mineras, violentado el derecho humano al agua y a la protección de las personas defensoras en este territorio.

En la reunión que sostuvieron con la CIDH, se expuso cómo el nivel de riesgo ha aumentado considerablemente para aquellos que se oponen al despojo y la minería en la zona: “Hay una situación delicada para muchos compañeros y compañeras por amenazas, gente que le ha tocado irse de su casa, de su comunidad, gente que en este momento está en una situación excesivamente crítica” afirmó defensor de Tocoa.

La defensa del territorio y los bienes naturales por parte de estas comunidades se ha aglutinado en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización que ha denunciado públicamente y ante las instancias competentes el despojo y el extractivismo impune al que se han visto sometidos, sin obtener hasta el momento ninguna resolución a sus peticiones por parte del Estado hondureño.

Estas comunidades han emprendido una lucha por la defensa del agua y los recursos naturales desde que el Estado autorizó, en 2013, concesiones mineras irregulares en la zona protegida del Parque Nacional Montaña de Botadero, Carlos Escaleras. Un área que abastece a más de 34 cuencas de agua que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer.

El compromiso en la defensa de los bienes comunes y públicos las ha llevado a enfrentar criminalización e intimidaciones que han concluido en la deslegitimación de su labor como defensoras y defensores, apertura de procesos judiciales, privaciones de libertad, desplazamiento forzado y asesinatos. Los más recientes ocurrieron el pasado mes de enero contra dos defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.

“Esas campañas de desprestigio con cual la empresa se ha instalado en la zona, comprando poderes, que no han tenido facultad para investigar las muertes que ha habido a través de este conflicto, que hemos sido parte como comité, que nos han asesinado compañeros de lucha y que hasta el momento no se esclarezca una investigación imparcial, una investigación donde llegue al fondo de quienes han sido los actores de estos asesinatos en la zona”, aseguró mujer defensora de Guapinol.

Ante la Comisión Interamericana remarcaron la urgencia de que se garantice la seguridad colectiva del Comité, por medio de medidas de protección que atiendan prioritariamente la vida e integridad de las personas defensoras y se revoquen las medidas judiciales en contra de los ocho defensores que estuvieron privados de libertad injustamente durante 914 días; detención que fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

En relación a esta situación, la CIDH señaló en sus observaciones preliminares de la visita in loco desarrollada en Honduras, una especial preocupación por la situación de creciente riesgo a la que se enfrenta la comunidad de Guapinol, así como la criminalización en su contra.

Por su parte, Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones acompañantes, señala: “Hoy, la Comisión tuvo la oportunidad de escuchar a las comunidades y sus testimonios como personas defensoras que dan cuenta del riesgo inminente que viven día con día en el territorio. Las empresas y el Estado han favorecido la riqueza por encima de la vida y el tejido social. Urge una respuesta contundente que atienda el origen del conflicto y proteja a las personas defensoras”

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo frente a Casa Presidencial, el Comité Municipal exigió al Estado hondureño que se atienda los expedientes administrativos que evidencian las ilegalidades, la corrupción y los impactos en los ríos y comunidades que han provocado las empresas mineras. Y de esta manera, se proceda a cancelar los permisos que dan aval a la explotación de la zona protegida del parque nacional que alimenta de agua a siete municipios.

El caso de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro no es un caso aislado, se enmarca en un modelo extractivista del Estado hondureño, que ha dado paso a un marco normativo flexible que favorece a las empresas extractivas y permite irregularidades en el otorgamiento de concesiones.

Respecto a la situación de personas defensoras cabe recalcar que ya en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la muerte del defensor ambientalista Carlos Escaleras Mejía y recalcó la obligación que tiene Honduras de otorgar protección a las personas defensoras, bajo los pilares de investigación y garantías de no repetición. Sin que hasta la fecha el Estado hondureño haya avanzado en dar respuestas efectivas y contundentes para la protección de las personas defensoras ambientales.

CEJIL como organización que acompaña a las comunidades de Guapinol y sector San Pedro saludó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras y espera que emita recomendaciones estructurales contundentes al Estado, en materia de protección a quienes defienden la vida y el territorio. Así mismo, exhortó al Estado a no ser cómplice de una realidad que rompe el tejido social y eleva el riesgo de estas comunidades.