5 de marzo de 2025 Comunicado de Prensa

Nicaragua: Graves reformas constitucionales consolidan un régimen autoritario y vulneran derechos fundamentales, denuncian organizaciones ante la CIDH

Washington DC, 5 de marzo de 2025. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de más de nueve organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, regional e internacional denunciaron la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua, a través de la reciente reforma constitucional aprobada en febrero de 2025. La ausencia del Estado de Nicaragua en la sesión refuerza el aislamiento del país y su negativa a rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Lesly Guerrero, representante de CEJIL, alertó que las reformas han permitido al Ejecutivo, ahora encabezado por dos “co-presidentes”, consolidar un control total sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral. “Estas modificaciones no solo eliminan los contrapesos institucionales, sino que establecen un sistema de gobierno donde la represión y el autoritarismo se presentan con una apariencia de legalidad”, afirmó Guerrero.

Según Azalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, la reforma ha modificado 148 artículos y derogado 37 de la Constitución. “Aunque se presenta como una ‘reforma parcial’, en la práctica, rompe con el orden democrático del país. Permite la extensión del mandato presidencial hasta 2028, elimina restricciones de parentesco para acceder a cargos públicos y otorga al Ejecutivo el poder de intervenir militarmente sin aprobación del Consejo de Ministros”, explicó.

Impacto en derechos humanos y libertades fundamentales

Uno de los cambios más alarmantes, según Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, es la institucionalización de la figura de “traidor a la patria” en la Constitución, un mecanismo que se ha utilizado para despojar de su nacionalidad a personas que ejercen y defienden derechos humanos y quieness son percibidos como opositores y justificar encarcelamientos arbitrarios. Además, se ha restringido la libertad de expresión y asociación, prohibiendo a los medios de comunicación difundir información contraria a los principios constitucionales del régimen y anulando su personería jurídica a miles de organizaciones.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó 229 casos de tortura en centros de detención, además de la desaparición forzada de 7 hombres y 5 mujeres  en el último año. “La eliminación del artículo que prohibía la tortura es una sentencia de impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen”, denunció Carrión.

Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica y Registro para la Memoria, resaltó el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables, como mujeres, pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos. “Las mujeres defensoras, activistas feministas y periodistas, junto con sus organizaciones, siguen enfrentando violencia política institucional, además de una represión específica por razón de género”, afirmó Pineda.

Testimonios de víctimas del régimen

Durante la audiencia, se presentaron testimonios que evidencian la represión sistemática del gobierno. Adolfo Hurtado, hermano de Alejandro Hurtado, denunció la desaparición forzada de su familiar desde el 27 de enero de este año, tras presentar una propuesta de diálogo nacional. “La reforma ha eliminado las garantías mínimas para los presos políticos. Si antes ya los sometían a torturas, ahora ni siquiera tienen derecho a ser presentados ante un juez”, advirtió.

Por su parte, Henry Briceño, exiliado y miembro del partido Unamos, relató cómo su familia fue desterrada sin previo aviso. “Cuatro patrullas policiales irrumpieron en nuestra casa y nos expulsaron del país sin orden judicial. Nos dejaron en la frontera con Costa Rica sin nuestras pertenencias, en total desamparo”, dijo Briceño.

Llamado a la comunidad internacional

Ante la gravedad de la situación, Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, presentó una serie de solicitudes a la CIDH. Entre ellas, el monitoreo continuo de la crisis en Nicaragua, la elaboración de un informe detallado sobre las reformas y su impacto en los derechos humanos, así como el seguimiento a medidas cautelares en favor de víctimas de la represión estatal.

Asimismo, las organizaciones instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a implementar medidas políticas y económicas que presionen al régimen a cumplir sus obligaciones internacionales. También solicitaron a los organismos financieros internacionales que condicionan cualquier tipo de financiamiento al respeto de los derechos humanos.

“El Estado de Nicaragua ha roto el pacto democrático y ha institucionalizado la persecución de toda voz disidente. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante esta grave crisis”, concluyó Valdivia.

Reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Durante la audiencia, los comisionados expresaron profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Destacaron la represión ejercida por el régimen. El Comisionado relator del país, Arif Bulkan enfatizó la brutalidad  y el carácter autoritario que empeora día a día.

Además, resaltó la cobardía del régimen al aislarse de mecanismos internacionales de derechos humanos ya que buscan evitar la rendición de cuentas. A su vez, destacó la importancia de estas audiencias que permitan encaminar acciones para ver cambios en Nicaragua.

Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, advirtió que las modificaciones constitucionales representan una extensión de la represión a nivel estructural.

Finalmente, el comisionado Jose Luis Caballero, presidente de la CIDH, reiteró la solidaridad de la Comisión con las víctimas y sociedad nicaragüense y señaló que la cooptación de los poderes del Estado y la supresión de garantías democráticas configuran una afrenta al constitucionalismo latinoamericano.

La Comisión coincidió en que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos con el fin de visibilizar la crisis en Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense, y acompañarlos en su lucha por justicia y democracia.