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- Comunicado de Prensa
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- Nicaragua: El Consejo de Derechos Humanos renueva su mecanismo sobre el país al tiempo que el Estado le da la espalda a la ONU
Nicaragua: El Consejo de Derechos Humanos renueva su mecanismo sobre el país al tiempo que el Estado le da la espalda a la ONU
- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por dos años, con una mayoría de votos más alta que obtenida en 2023, y dándole al mecanismo la misión de presentar sus informes también ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Ginebra/Managua/San José, 3 de abril – Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron por segunda vez una renovación por dos años del mandato de investigación y rendición de cuentas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), con una abrumadora mayoría de 29 votos a favor, 4 votos en contra y 14 abstenciones.
La resolución también renueva el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), que supervisa periódicamente la evolución de la situación en el país e informa al Consejo de Derechos Humanos.
El GHREN fue establecido por primera vez en marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos mediante una resolución liderada por nueve Estados: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Ante la profundización del aislamiento diplomático y la crisis de derechos humanos en Nicaragua, esta segunda renovación recibió mayor apoyo que la anterior resolución que prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en 2023.
A la votación favorable de 2025 se sumaron votos de países africanos – Gambia, Marruecos y Malawi – y asiáticos – Tailandia, República de Corea, Kirguistán -, así como países de América Latina.
“Celebramos que los Estados hayan votado a favor de continuar y fortalecer el escrutinio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en un momento en que su Gobierno se retira de algunos organismos de la ONU”, declaró el Colectivo 46/2, una coalición de organizaciones nicaragüenses e internacionales de derechos humanos que cabildeó por la renovación del mandato del GHREN.
Representantes del Gobierno nicaragüense no acudieron a la sesión en la que se realizó la votación del Consejo.
La renovación del mandato ocurre en un momento en que Nicaragua se ha retirado de organismos multilaterales, tales como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La retirada de Nicaragua del Consejo ha impedido la adopción de su último Examen Periódico Universal, privando a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil de una oportunidad crucial para apoyar el mejoramiento de la crisis de derechos humanos que vive el país, por medio de su reacción ante este instrumento de evaluación.
En esta renovación, los Estados introducen una novedad clave al encargarle al GHREN que también presente sus informes y conclusiones ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y ya no exclusivamente ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, lo cual se espera presione al Estado a la rendición de cuentas en este espacio.
“Con esta fuerte resolución, el Consejo de Derechos Humanos le deja claro a Nicaragua y a todos los Estados que buscan eludir el escrutinio que el aislamiento no les otorga ninguna inmunidad”, subrayó el Colectivo 46/2. “A pesar de una retirada puramente teatral del Consejo y otras instituciones, las autoridades nicaragüenses aún tendrán que dar explicaciones en Nueva York por sus innumerables violaciones de derechos humanos”, añadieron las organizaciones del Colectivo.
El texto adoptado condena la continua comisión de crímenes de lesa humanidad como asesinatos, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecuciónes, encarcelamientos y deportaciones, todos documentados por el GHREN, que señala la responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el apoyo de altos funcionarios del Estado y de su partido.
La resolución también condenó la reciente reforma constitucional que puso fin a la separación de poderes para concentrar el poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la actual copresidenta, Rosario Murillo, así como la política de Estado de ilegal invasión y despojo de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y la represión política de sus integrantes, sus representantes y sus liderazgos.
En su último informe, el Grupo de expertos arrojó luz sobre la grave erosión del Estado de derecho en el país, recopilando casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, privación arbitraria de la nacionalidad y negación del derecho al retorno al país a personas con supuestos vínculos a la oposición, así como otros patrones de violaciones que buscan asegurar el control total de la población, tanto en el país como en el extranjero.
El GHREN también alentó a la comunidad internacional a fortalecer el apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo su dotación en recursos financieros, así como a impulsar medidas de rendición de cuentas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en virtud de la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.
“Instamos a los Estados Miembros de la ONU a que sigan apoyando la labor del Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua y a que aprovechen todas las vías para exigir cuentas a Managua ante todas las instituciones multilaterales, incluida la Asamblea General de la ONU, de acuerdo con las recomendaciones del GHREN”, concluyó el Colectivo 46/2.
Las organizaciones del Colectivo 46/2 opinan:
“El trabajo del GHREN ha aportado evidencias irrefutables que ayudan a conocer la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos fundamentales en Nicaragua, por medio de su sistema de represión. Los resultados de su labor, objetiva e independiente, no dejan dudas sobre la necesidad de continuar buscando justicia y es instrumento para la abogacía internacional en favor del pueblo de Nicaragua”, señaló Claudia Pineda de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua.
«La renovación del mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua es clave para la rendición de cuentas y la justicia. Su trabajo ha abierto nuevos espacios internacionales, impulsado recomendaciones vitales sobre financiamiento al Estado de Nicaragua según su cumplimiento en materia de derechos humanos. Este mecanismo innovador refuerza la presión internacional para detener las violaciones en el país.» resaltó Claudia Paz y Paz, directora del programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.
«La aprobación de esta resolución es un mensaje claro de que la comunidad internacional sigue comprometida con la rendición de cuentas en Nicaragua. Frente al rechazo sistemático del régimen a toda cooperación en derechos humanos, su negativa a permitir el acceso de organismos de la ONU y su reciente renuncia al Consejo de Derechos Humanos, queda en evidencia que no tiene intención de cumplir con sus obligaciones internacionales. Sin embargo, el trabajo de la sociedad civil ha sido clave para visibilizar la gravedad de los crímenes del régimen. La resolución para la continuidad del GRHEN reafirma que, a siete años del inicio de la crisis, la demanda de justicia sin impunidad sigue vigente», señaló Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
Información adicional:
El Colectivo 46/2 es una coalición de 19 organizaciones internacionales, regionales y nicaragüenses que busca promover y facilitar el acceso de la sociedad civil nicaragüense al Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU. El Colectivo 46/2 desempeñó un papel central en la creación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y ha acompañado la labor del GHREN y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua desde 2022.
El GHREN está compuesto por tres personas expertas internacionales en derechos humanos con el mandato de investigar exhaustivamente las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, recopilar y preservar pruebas, identificar a responsables y hacer accesible dicha información para futuras iniciativas de rendición de cuentas.
