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Mujeres víctimas de tortura y violencia sexual en la dictadura uruguaya exigen justicia ante la CIDH
18 de marzo de 2021.- Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la falta de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia y tortura sexual en el marco de la dictadura en Uruguay.
El evento inició con la proyección de un video con los testimonios de parte del grupo de mujeres víctimas, quienes denunciaron la impunidad por los crímenes que sufrieron en el marco de la dictadura en el país (1973 – 1985).
Si bien la denuncia por torturas y violencia sexual fue presentada en 2011 cuando quedó sin efecto la Ley de Caducidad, hasta la fecha el proceso continúa en su fase inicial y las víctimas siguen esperando justicia y una reparación integral.
Blanca Luz Menéndez, una de las denunciantes, recordó en la audiencia que, “el tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”.
Las 14 mujeres estuvieron acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República. De la audiencia también participaron representantes del Estado uruguayo y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al momento de la detención, las denunciantes eran militantes de distintos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en distintos puntos del país. La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados, sino que, así como en muchos otros contextos represivos y de conflicto, la violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujer.
Más de 100 personas fueron denunciadas por estas mujeres: oficiales, médicos, psicólogos y personal de tropa, pero solo uno de ellos – ya fallecido- fue procesado, no por torturas ni violencia sexual, las cuales confesó en el marco del proceso, sino por reiterados delitos de privación de libertad. El Estado anunció que mañana 19 de marzo se encuentra convocada una audiencia indagatoria para avanzar con la investigación de otros dos acusados. Esta convocatoria, pendiente desde 2018 y realizada con inmediatez a la instancia internacional, es una evidencia más de que el impulso procesal es posible si el Estado quiere.
“Hemos sido sometidas a procesos de re-victimización. Nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencia y violaciones sexuales», dijo Jaqueline Gurruchaga, otra de las denunciantes, al referirse a la respuesta que han tenido por parte del Estado uruguayo desde que formalizaron la denuncia.
Sin perjuicio de esto, las peticionarias denunciaron que la falta de justicia no es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Responde también a la falta de una política de Estado que priorice sus obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación y escuche a las víctimas.
Ante la denuncia, la respuesta del Estado fue deficiente. Sin perjuicio de reconocer y condenar la gravedad de los hechos, el Estado, a través de representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, omitió asumir responsabilidad por las causas en la dilación en la justicia o por la ausencia de políticas en materia de verdad, justicia y reparación y no avanzó compromisos y propuestas específicas que pudieran dar respuesta a los reclamos de las víctimas. Las dilaciones procesales, muchas veces consecuencia de los múltiples recursos presentados por las defensas, fueron justificadas por el Estado como el ejercicio de derechos y formalidades procesales que deben respetarse, aún cuando coincidieron que perseguían generalmente fines manifiestamente dilatorios.
Las peticionarias destacaron el deber del Estado, a través de la administración de justicia, de cumplir con el deber de investigar, enjuiciar y sancionar sin permitir que el ejercicio de recursos de la defensa que sean dilatorios constituya un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas. Denunciaron ante esto, que la justicia podría impulsar de forma consistente rechazos in limine, decisiones anticipadas o sanciones procesales, entre otras medidas que hasta la fecha no han ocurrido.
“De lo que escuchamos, pareciera ser que, más allá de expresar compromiso y reconocimiento, que es importante, lo que el Estado le dice a las denunciantes que lo que les queda es esperar y seguir teniendo paciencia, mientras sus abusadores abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende tienen fines dilatorios”, expresó Leoni.
Las peticionarias, a través de Flor de María Meza, solicitaron a la CIDH que dé un seguimiento cercano al caso a través de dos mecanismos. Por un lado, solicitaron la realización de una visita virtual a Uruguay a fin de examinar de forma directa los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres víctimas de la tortura sexual. Por otro lado, solicitaron que pueda realizar un apoyo técnico para acompañar el proceso judicial de las denunciantes.
La CIDH acogió ambos pedidos, poniéndose a disposición para realizarlos y solicitando al Estado le informe a la brevedad sobre su aceptación.
“Es un reto que es urgente. Ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos. Espero que este sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oidos» concluyó la Presidenta de la CIDH y Relatora para Memoria, Verdad y Justicia Antonia Urrejola en su mensaje a las mujeres víctimas de tortura sexual en dictadura.
