10 de noviembre de 2020 Comunicado de Prensa

México: organizaciones nacionales e internacionales llaman al Congreso a asegurar progresividad y perspectiva de género en el presupuesto de 2021

10 de noviembre de 2020.- A la luz del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, presentado por el Ejecutivo federal, lamentamos que se profundice la tendencia regresiva en materia de financiamiento para la igualdad de género y combate a las violencias contra las mujeres.

Aun cuando el ramo presupuestario para la igualdad de género, Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presenta un aumento del 20%, es preocupante que, en términos reales, el incremento esté etiquetado casi en su totalidad a la Pensión para personas Adultas Mayores: programa que no cuenta con mecanismos que aseguren la reducción de brechas de desigualdad de género. En contraste, se prevén recortes millonarios para los programas pensados específicamente para tales fines.

Esta tendencia ya había alcanzado un punto crítico con la desafortunada disposición de austeridad adoptaba por el Gobierno federal en abril del presente año que ha dejado en precarias condiciones a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), al no exentar de dicha medida a los programas presupuestarios dirigidos a la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. La disposición representó una afectación de alrededor de 450 millones de pesos sobre el presupuesto de 2020 que beneficiarían a mujeres indígenas y afromexicanas; a partir de la retención del 70% del presupuesto de las 35 CAMIS que operan en la República mexicana y reservando el 96% de sus recursos asignados a programas para el fortalecimiento económico de sus comunidades.

Nos alarma en particular que, de cara al presupuesto de 2021, se profundice la pérdida de recursos en los rubros específicos para mujeres indígenas y afromexicanas. Para el ejercicio presupuestal 2021 se pretende eliminar el Programa Presupuestario Derechos Indígenas y fusionar todos los programas de apoyo a pueblos y comunidades indígenas en un solo denominado «para el Bienestar». Con esta medida, las mujeres indígenas perderían 350.85 millones de pesos, impactando con ello el funcionamiento de las CAMIS.

Ante esta posibilidad de regresión, llamamos a que el Estado mexicano en su conjunto, y particularmente las legisladoras y legisladores que integran el Congreso de la Unión, reflejen las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género en las cuentas públicas de 2021. En particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), a través de las cuales el Estado mexicano está obligado a garantizar recursos públicos suficientes para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también ha mandatado a México en distintas ocasiones (a través de las sentencias de Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Mujeres de Atenco y «Campo algodonero«) a atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres a través del ordenamiento de su aparato estatal, dotándoles de los recursos necesarios para ello. Sobre la violencia sexual en particular, la Corte también obligó al Estado mexicano a brindar atención especializada, gratuita, con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas que sufren violencia. Para lograrlo, resulta indispensable fortalecer financieramente programas como las CAMIS.

No obviamos que esta posible reducción se da en medio de una grave crisis de violencias contra las mujeres en el país: 2019 fue el año más letal para ellas desde que se tiene registro; y 2020 se perfila para tener un desenlace desafortunadamente más crítico.

Aun si la pandemia de COVID-19 pone a México en una situación sanitaria y económica muy delicada, llamamos al Congreso de la Unión y a las autoridades hacendarias a que guíen sus discusiones y decisiones de acuerdo con los Principios rectores pertinentes para contemplar una distribución de los ingresos públicos con perspectiva de género; y a contemplar las medidas fiscales, tributarias, de deuda, de ayuda y monetarias a su alcance para la realización progresiva y con el máximo de recursos disponibles, para garantizar los derechos de todas las mujeres.

Organizaciones promotoras:

 

Adherentes:

Regional
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e lntersex para América Latina y el Caribe (lLGALAC); IPPF RHO (Américas); Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe; Grupos de Investigación para América y África Latinas (GRAAL).

Argentina
Cladem Argentina, Federación de Mutuales para la defensa Organizada del Consumo-

Bolivia
Colectivo «Género y Teología para el Desarrollo»

Colombia
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA, Corporación el Río, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, Asociación de Sindicalistas de Emcali «ASOSlEMCALI», CODHES, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales­ GIDCA, Red Nacional de Mujeres, Red Rinde; ASOPROKAPB

Costa Rica
Asociación Ciudadana ACCEDER

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).

El Salvador
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador.

México
Spatium Libertas A.C., COSYDDHAC Chihuahua, Convergencia de Organismos Civiles, A.C., Disruptivas, CIPE: Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo; Asociación Mexicana Contra Delitos Cibernéticos; YOLPAKILIS; Balance A.C.; Colectivo Michoacán es Diversidad; CONVIHVE A. C.; Frente Veracruzano por la vida y los derechos de las mujeres; Programa lnterdisciplinario de Investigación Acción Feminista A.C.; Cineastas Unidas; Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C.; Fundación Míreles A.C.; Latinoamérica por una política sensata de drogas; Alianza Contra la Desigualdad (FIA); Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra LGBT en México; Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales; Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.; CENTRO MUJERES A.C.; Frente Feminista Nacional;
 
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.; CADHAC; Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo A.C. Quintana Roo; Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.; Mujeres Libres COLEM, A.C.; Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C., Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM); Documenta, análisis y acción para la justicia social; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.

Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación