México: organizaciones de la región piden a las autoridades garantizar la independencia e imparcialidad en la reforma judicial

6 de septiembre del 2024. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra preocupación por la aprobación el 4 de septiembre por parte de la Cámara de Diputados de las reformas al Poder Judicial en México. Este paquete de reformas,  tal y como ya ha sido alertado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, aumenta la influencia política en los nombramientos de personas juzgadoras, socavando gravemente la independencia judicial en el país. Para que esta iniciativa se convierta en ley, aún es necesaria su votación y aprobación en el Senado.

La reforma propone que todas las personas juzgadoras, incluyendo a Ministros/as de la Suprema Corte, sean elegidas por voto popular directo, a partir de nominaciones impulsadas por los tres poderes. Esto incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, pero también del crimen organizado, degradando la profesionalización judicial. Asimismo, se prevé el cese masivo de aproximadamente 1,800 personas juzgadoras, lo cual vulnera la garantía de inamovilidad, con un impacto directo en el acceso a la justicia de la ciudadanía. También se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por vulnerar la imparcialidad e independencia judicial, así como el derecho de defensa. Otra reforma preocupante es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, para encargar la potestad disciplinaria a un Tribunal de disciplina Judicial, que aplicaría causales disciplinarias vagas y cuyas decisiones no podrían ser apeladas por las personas juzgadoras afectadas.

Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado, para que analicen con cautela la propuesta y sus implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta lo advertido por organismos internacionales de derechos humanos. El papel de la judicatura como garante de derechos y libertades y como contrapeso en un Estado Democrático de Derecho debe ser premisa fundamental. Cualquier reforma requiere un diagnóstico objetivo, con soluciones acordes a los problemas identificados, sustentadas con evidencia técnica y empírica de experiencias análogas exitosas y compatibles.

El Congreso mexicano principalmente, debe asegurar que las reformas se ajusten a los estándares internacionales y permitan establecer un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, con participación efectiva de la sociedad civil y alejado de fines políticos. Es necesario cuidar que toda modificación garantice la independencia judicial, permitiéndoles ejercer sus funciones sin interferencias ni presiones de poderes externos. Igualmente, los cambios deben asegurar presupuesto necesario para garantizar el acceso a la justicia.

Hasta que se asegure el derecho de las personas mexicanas a contar con una judicatura independiente e imparcial, la comunidad internacional debe permanecer alerta. Si las autoridades no lo garantizan, se pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de Derecho, condiciones sin las cuales un sistema democrático no puede prevalecer.

Organizaciones firmantes: