México no tiene voluntad de investigar a fondo la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

San José, 16 de marzo del 2018.-  Desde CEJIL saludamos el informe de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con sede en México, sobre el caso Ayotzinapa, y expresamos nuestra preocupación ante los hallazgos presentados.

A través de su informe, OACNUDH demuestra que el Estado mexicano, una vez más, ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y el debido proceso.

La OACNUDH, a través de un análisis serio y exhaustivo, comprueba que no ha habido una investigación efectiva de los hechos sucedidos en Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de otras 6 personas y al menos 40 heridas.

De acuerdo a los hallazgos, el proceso ha sido marcado no sólo por la falta de voluntad política de investigar debidamente, sino también por las acciones violatorias del Estado mexicano para alejar la justicia y la verdad acerca de lo ocurrido.

Es inaceptable que existan serios indicios del uso de la tortura en al menos 34 casos para obtener confesión. Esta práctica ha sido revelada anteriormente como un mecanismo para ejercer presión sobre las personas y forzarlas a declarar sobre delitos, como lo señalara la Corte IDH en el caso de personas ecologistas (caso Cabrera y Montiel vs. México), con sentencia en el 2010. En similar sentido se han pronunciado otros órganos internacionales, señalando que la tortura es inaceptable para la construcción de una sociedad democrática.

La OACNUDH señala con claridad que en los hechos de tortura estarían involucrados funcionarios de la PGR (SEIDO y Agencia de Investigación Criminal), así como integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina. No obstante, hasta la fecha ningún funcionario ha sido investigado ni sancionado.

Desde CEJIL consideramos que la impunidad sólo propicia que este tipo de prácticas se mantengan en el tiempo. Ante esto, hacemos un llamado urgente a que estas denuncias se investiguen por órganos competentes, de manera independiente y exhaustiva, para identificar, juzgar y castigar a quienes resulten responsables y evitar su repetición.

Exhortamos al Estado mexicano a cumplir con todas las recomendaciones que ha señalado la OACNUDH en su informe. En particular, este informe demuestra la urgencia para crear el Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad, en los términos que ha recomendado el Alto Comisionado desde su visita en el año 2015.

El derecho de conocer la verdad de los eventos ocurridos no sólo beneficia a las y los familiares de las víctimas, sino que es una obligación de México para toda la sociedad. Solo así se podrá avanzar para que este tipo de atrocidades no ocurran nunca más.