25 de octubre de 2021 Comunicado de Prensa

México: En medio de crisis feminicida, organizaciones exigen priorizar política pública que atienda violencias de género en Presupuesto 2022

En vista del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 presentado por el Ejecutivo federal, lamentamos que se continúe con la tendencia regresiva en materia de financiamiento para la igualdad de género y combate a las violencias contra las mujeres en México.

El debido etiquetado y financiamiento del ramo presupuestario para la igualdad de género, Anexo 13, es la acción afirmativa por excelencia que tiene como sustento legal la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las propias leyes de planeación y de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Además, la institucionalización de los presupuestos de género es resultado de los esfuerzos que el movimiento feminista y la sociedad civil han realizado durante años. Entre otras razones, su importancia radica en que promueve la inversión pública para elevar la calidad de vida de las mujeres y las niñas, obliga al Estado a diseñar, implementar y evaluar programas presupuestarios para la igualdad y no violencia; y propicia la rendición de cuentas de las autoridades en la materia.

Aun cuando el Anexo 13, presenta un aumento superior al 80% con relación a lo aprobado para 2021, es preocupante que, en términos reales, el incremento esté dirigido casi en su totalidad a los programas insignia del Gobierno federal, los cuales no cuentan con la planeación necesaria para prevenir o combatir las violencias contra las mujeres.

En contraste, los programas que sí están orientados para tales fines tienen incrementos apenas equivalentes a la inflación, o incluso menores. La atención a víctimas y el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, bolsa de la que salen recursos para la debilitada iniciativa de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), tendrían menos recursos en términos reales. Las partidas para la protección y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y los recursos para la investigación de delitos cometidos en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República tendrían una considerable disminución de recursos en el 2022.

La marginalización de los programas orientados a prevenir y combatir las violencias contra las mujeres es una tendencia presente en el Anexo 13 por lo menos desde hace cuatro años. Nos alarma constatar que la actual propuesta del poder ejecutivo para el 2022 consolida la presencia de los programas de transferencias en el Anexo, dándoles una proporción de seis de cada 10 pesos asignados.

Lamentamos especialmente la falta de sensibilidad del Paquete Económico 2022 con relación a la crítica situación de violencia por razón de género que atraviesa el país. El pasado agosto se rompió el récord de violencia feminicida desde que se tiene registro; y las llamadas de emergencia por incidentes relacionados con violencia sexual también superaron el promedio de los últimos meses.

Por ello, llamamos al Estado en su conjunto, y de manera particular a las legisladoras y legisladores que integran el Congreso de la Unión, a que reflejen las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género en el Presupuesto Público 2022 que será aprobado próximamente. Recordamos, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandatado a México en distintas ocasiones a atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres a través del ordenamiento de su aparato estatal, dotándoles de los recursos necesarios para ello. Por su parte, el Comité CEDAW ha recomendado al Estado mexicano que incremente los recursos humanos, financieros y técnicos de las instituciones rectoras de la política de igualdad; y que mejore el sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer.

En particular, llamamos a restituir y ampliar los recursos de los programas que sufrieron recortes en la cuenta pública de 2020. Entre ellos, los de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo encargado de la observancia de la política de igualdad, y la instancia rectora de esta última, el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, ampliar los recursos para aquellos programas que, según la propuesta del Ejecutivo para 2022, presentan incrementos marginales o decrementos.

Retomando el compromiso del poder ejecutivo de no poner techo presupuestal a los derechos humanos, exhortamos al Congreso de la Unión y a las autoridades hacendarias a asegurar una distribución de los ingresos públicos con perspectiva de género. También, a maximizar los recursos disponibles de los programas para atender y combatir las violencias de género, a partir de la implementación de todas las medidas a su alcance, incluyendo aquellas fiscales y tributarias, con el objetivo de garantizar los derechos de todas las mujeres.

ALIADAS POR LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA

 

EQUALITY NOW

CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL-CEJIL

COLECTIVA CIUDAD Y GENERO

MUJERES IMPULSANDO LA IGUALDAD- MIDI

RAICES- ANALISIS DE GENERO PARA EL DESARROLLO