México demandado por tres casos de violaciones de derechos humanos que involucran a militares

México D.F. 22 de setiembre de 2009

El Estado mexicano deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos humanos cometidas en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por integrantes del Ejército mexicano en  2002. Igualmente, deberá comparecer por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que fueron víctimas de tortura y detención arbitraria por parte de militares, en 1999.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó  a la Corte el caso de Inés Fernández el 7 de mayo de este año, el de Valentina Rosendo en agosto y los de Montiel y Cabrera el pasado mes de junio.

Hasta la fecha los tres casos permanecen en total impunidad, pues la constante en México ha sido que los abusos cometidos por militares quedan fuera del alcance de las autoridades y tribunales civiles, en un incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En los tres casos ha habido falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables de los hechos; acompañada de la falta de reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, en un contexto agravado por las dificultades que enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia.

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, fueron arbitrariamente detenidos por elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, quienes los torturaron e incomunicaron. Durante su proceso, las confesiones arrancadas bajo tortura fueron convalidadas por los jueces. Aunque fueron liberados por orden del entonces Presidente de la República, la inocencia de Rodolfo y Teodoro no ha sido plenamente reconocida.  Las organizaciones que litigan este caso son el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», AC y CEJIL.

Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por efectivos militares y sus casos enviados a la justicia militar, donde los hechos siguen en la impunidad. La organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y CEJIL representan a las víctimas en estos casos.

En reiteradas ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sostenido que el fuero militar no debe conocer sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares y que debe limitarse a conocer de los delitos o faltas al orden castrense, para no comprometer la independencia e imparcialidad del proceso.

CEJIL, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Centro Prodh, como representantes en sus respectivos casos, esperan que las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliguen al  Estado de México a reformar su legislación, así como cumplir con las medidas necesarias para brindar un efectivo acceso a la justicia  y reparación del daño para las víctimas.