México debe liberar a Alfonso Martín del Campo Dodd

San José, Costa Rica, 4 de diciembre de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución recordándole al Estado mexicano que debe liberar a Alfonso Martín del Campo y revisar el proceso judicial que le llevó a prisión. Asimismo le conminó a tomar las medidas necesarias para anular su confesión obtenida bajo tortura. Además, México debe investigar de manera imparcial, completa y efectiva a los autores de las violaciones a los derechos humanos sufridas por Martín del Campo y repararle de manera adecuada.

Esta decisión sin precedentes se da luego de que, por cuestiones de competencia temporal, la Corte Interamericana decidiera no conocer el fondo del caso en el año 2003, ante lo cual la CIDH decidió continuar velando por los derechos humanos de Alfonso. En agosto de 2009 ese organismo le notificó confidencialmente tal decisión al Estado. En ella le exhortó a cumplir con las recomendaciones emitidas desde 2002, y le otorgó el plazo de un mes para cumplirlas. Sin embargo, el Estado Mexicano ni siquiera le envió una comunicación a la CIDH y por ello el pasado 12 de noviembre decidió hacer público el informe y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones ahí incluidas.

Alfonso Martín del Campo Dodd ha estado preso por más de 17 años, luego de ser condenado a 50 años de prisión mediante una sentencia que se fundamentaba en una confesión arrancada bajo tortura. Los hechos se remontan al 30 de mayo de 1992, cuando más de diez policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal obligaron a Alfonso Martín del Campo a confesarse culpable del asesinato de su hermana y su cuñado, sin haber cometido este delito. A pesar de que denunció ante un juez el haber sido torturado, fue condenado y los hechos de tortura no fueron investigados de manera exhaustiva, seria y diligente.

Este caso es paradigmático porque evidencia un patrón sistemático de confesiones rendidas bajo tortura en México, el cual se agrava cuando los funcionarios del Poder Judicial dan valor pleno a estas confesiones y condenan injustamente a personas inocentes.

CEJIL insta al Estado mexicano a llevar a cabo las medidas necesarias para liberar a la brevedad a Alfonso Martín del Campo a través de los mecanismos jurídicos establecidos para estos efectos. Además México debe honrar sus compromisos internacionales al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello debe investigar y sancionar a los responsables de la tortura inflingida a Alfonso Martín del Campo y repararlo integralmente.

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