México: celebramos declaratoria de inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Interior y llamamos a nuevas autoridades a replantear su modelo de seguridad

San José, 16 de noviembre de 2018.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó un adecuado control de convencionalidad y declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretendía legalizar el involucramiento de las Fuerzas Armadas mexicanas en labores de seguridad pública.

Durante la sesión celebrada ayer, la Suprema Corte determinó, por decisión de la mayoría de sus integrantes, que la ley «resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional». Además, declaró que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

“La Ley de Seguridad Interior contravenía las obligaciones internacionales del Estado y representaba un riesgo real para la garantía de los derechos humanos, particularmente en un país que ya ha sido sentenciado por violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos militares”, declaró Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado que es imprescindible “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Aunque celebramos la decisión de la Suprema Corte, a la vez vemos con preocupación la iniciativa de la bancada de Morena que busca modificar la Constitución Política para que, a través de la Guardia Nacional, el Ejército pueda patrullar calles, prevenir delitos y detener personas. Recalcamos las consideraciones de la Corte IDH al señalar que “la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos”.

Tal como sostiene este Alto Tribunal, recordamos a las autoridades mexicanas que “la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.

Desde CEJIL hacemos un llamado para que el Estado de México plantee un nuevo modelo de seguridad en democracia que cumpla con las obligaciones internacionales en la materia y que atienda la legítima demanda de la poblacion por mayor seguridad a la vez que tenga como eje central el respeto y garantía de los derechos humanos.