Llamamos a una condena e investigación diligente de las violaciones a derechos humanos en Perú frente a la permanente represión y criminalización de la protesta

20 de enero de 2023, Washington DC.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos la falta de respuesta garante de los derechos humanos en Perú ante
las manifestaciones que se presentan en todo el país ante la convocatoria de paro nacional
de esta semana. Lamentamos que la respuesta estatal no haya condenado la violencia,
represión y falta de investigación a las violaciones a los derechos humanos parte de las
fuerzas de seguridad, ni la criminalización llevada adelante por parte de la fiscalía contra las
personas manifestantes.

Entre el 19 y 20 de enero de 2023, y mientras se encuentra en un curso la misión de alto
nivel de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se ha registrado la muerte de
tres personas en el marco de enfrentamientos con la policía. Desde que iniciaron las
manifestaciones, el Estado ha usado la fuerza policial y militar para limitar y criminalizar la
protesta, lo cual ha generado más de 50 personas muertas y cientos de heridas desde el 8
de diciembre de 2022.

Pese la condena por parte de organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales
las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de
Naciones Unidas, las violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta no han
cesado y adicionalmente no se están realizando investigaciones diligentes para perseguir y
sancionar a las personas responsables.

Esta situación empeora por el uso del poder del Estado para reforzar la criminalización y
estereotipos contra las personas manifestantes. Esto se evidencia en la decisión de la
Fiscalía General de aumentar el número de fiscalías contra el terrorismo para investigarles
y el mensaje a la Nación de la Presidenta describiendo como “inmaculado” el trabajo de la
Policía Nacional durante el Paro Nacional en Lima. Pronunciamientos que desconocen los
múltiples enfrentamientos violentos con manifestantes y generaliza todos los actos de
protesta como “no pacíficos” así como califican a las personas manifestantes de “malos
ciudadanos” y en acción al “margen de la ley”.

A este contexto se suman los ataques dirigidos a integrantes organizaciones de sociedad
civil dedicadas a la defensa de derechos humanos como IDL-Reporteros (IDL-R), la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH). Estos actos de hostigamiento ya han ocurrido con anterioridad y no
han sido investigados, manteniéndose en la impunidad.

Desde Cejil hacemos un llamado a las autoridades peruanas a la investigación y no repetición de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la protesta y las intimidaciones recibidas por personas defensoras de derechos humanos, así como a las personas manifestantes de realizar una protesta pacífica. Reiteramos nuestra solicitud a la comunidad internacional de impulsar un diálogo amplio y participativo de los diversos poderes del Estado, que permita atender a las diversas causas estructurales que detonaron las protestas, para garantizar soluciones genuinamente democráticas y duraderas en Perú.