17 de diciembre de 2024 Comunicado de Prensa

Llamado urgente para proteger a las personas asiladas por motivos políticos en la Embajada de Argentina en Caracas

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad y otros derechos básicos de los seis miembros del partido de oposición Vente Venezuela que han solicitado asilo en la embajada de Argentina en Caracas, así como por el empleado de la embajada que ha sido detenido arbitrariamente. La comunidad internacional debe instar con urgencia a las autoridades venezolanas a garantizar sus derechos, otorgar salvoconductos a las seis personas asiladas para que puedan salir del país de manera segura y liberar incondicionalmente al empleado detenido.

El 20 de marzo de 2024, en el contexto de la campaña electoral, las autoridades venezolanas acusaron a seis miembros de Vente Venezuela: Humberto Villalobos, Claudia Macero, Magalli Meda, Omar González, Fernando Martínez Motola y Pedro Urruchurtu, con cargos de terrorismo, conspiración y traición. Para evitar una inminente detención, solicitaron asilo en la embajada argentina, donde se les concedió protección.

El 29 de julio, el gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos, junto con los de otros seis países, después de que sus gobiernos criticaran el anuncio del Consejo Nacional Electoral que declaraba a Maduro como ganador de las elecciones. Brasil asumió entonces la custodia de la embajada. Sin embargo, posteriormente Venezuela revocó la autorización de Brasil para supervisar la embajada, impidiendo la entrada de diplomáticos brasileños.

La embajada está actualmente fuertemente custodiada por personal de inteligencia y de las fuerzas armadas venezolanas, y casas cercanas han sido confiscadas y ocupadas por funcionarios de seguridad. A las personas asiladas no se les permite recibir visitas y el acceso a alimentos y medicinas está controlado. Llevan 24 días sin electricidad y con acceso limitado al agua, servicios que han sido cortados por las empresas estatales. La presencia de agentes de seguridad con armas de asalto alrededor del edificio ha generado un temor razonable de que las fuerzas de seguridad puedan usar la fuerza contra los seis asilados políticos desarmados que se encuentran allí.

Las acciones descritas violan las obligaciones del Estado a proteger a las personas que buscan asilo y garantizar la protección contra la detención arbitraria. Esto también contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que exige al Estado receptor proteger sus instalaciones contra intrusiones, daños y disturbios.

La comunidad internacional debe instar al gobierno venezolano a cesar todo tipo de hostigamiento contra las personas asiladas y a otorgarles salvoconductos para que puedan salir del país de manera segura, de acuerdo con los artículos XI, XII y XIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

Las autoridades venezolanas deberían poner fin a la violencia y la represión y buscar vías para una resolución pacífica a la situación política. La comunidad internacional, especialmente con el apoyo y la mediación de Brasil y Argentina, debería contribuir a estos esfuerzos y defender los compromisos internacionales relativos a los derechos humanos.

Organizaciones firmantes: