Llamado a la cordura para que el Estado de Honduras libere a Gustavo Castro

San José, 30 de marzo de 2016.- Abogados y familiares de Gustavo Castro, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa en Honduras para dar a conocer la situación actual en la que se encuentra el conocido activista mexicano, retenido por el Estado hondureño desde que fuera testigo del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo.

El 22 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras “tomar todas las medidas necesarias” para que el testigo Gustavo Castro Soto esté presente en una reunión de trabajo el próximo 6 de abril, en Washington D.C. Esta reunión se celebrará para analizar la implementación de las medidas cautelares que fueron dictadas por la CIDH el 5 de marzo de este año y sobre las cuales el Estado hondureño debe rendir cuentas.

La jueza Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, le ha negado la salida a Gustavo, pese a la petición de la CIDH, alegando que no es obligatorio acatar lo que señala el órgano internacional. Los abogados de Gustavo no han tenido acceso pleno a la información física de la resolución de la jueza, si bien intentaron  fotografiarla parcialmente cuando se percataron de que lo estaban haciendo les retiraron los documentos.

Oscar Castro Soto, que se encuentra en el país acompañando a su hermano Gustavo, pidió hoy en la rueda de prensa al Estado hondureño, el cumplimiento del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado por México y Honduras, en el cual se reconoce el derecho de Gustavo a continuar cooperando con el esclarecimiento del asesinato desde México. Hay que señalar que en este tiempo sólo se le han solicitado dos diligencias adicionales que bien se podrían haber llevado a cabo desde México.

“El Estado de Honduras está violando los derechos humanos de Gustavo Castro”, dijo Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para el programa de Centroamérica y México, durante su intervención virtual en la rueda de prensa. “Gustavo no es un imputado sino un testigo y el Estado está manteniendo esta situación, totalmente ilegítima, causándole una afectación emocional y física. No permitir que Gustavo regrese a su país, con su familia y se reincorpore a su trabajo,  deteriora la relación del Estado frente a la comunidad internacional y demuestra que no existe una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales. ”.

En este marco, la semana que viene, Bertha Zúñiga Cáceres así como integrantes del COPINH, CEJIL y abogados representantes de la familia Cáceres, se reunirán con la CIDH en Washington D.C., para hablar de las medidas de protección concedidas a raíz de la muerte de su madre.