Liberación de Alberto Fujimori en Perú constituye un abierto desacato a orden de la Corte Interamericana
Lima y Washington D.C., diciembre 8 del 2023. El día 6 de diciembre, el gobierno peruano dispuso la liberación del ex presidente Alberto Fujimori pese a la resolución del día previo de otorgar medidas urgentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), requiriendo al Estado de Perú que se abstuviera de ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional que ordena la inmediata liberación de Alberto Fujimori para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La Corte IDH en sus Resoluciones del 2018 y 2022, en los casos Cantuta y Barrios Altos, ya había resuelto la incompatibilidad del indulto de Alberto Fujimori con los derechos de las víctimas puesto que fue condenado por los delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y debido a que el Tribunal Constitucional no analizó la compatibilidad del indulto “por razones humanitarias” con la garantía del derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
Por más de tres décadas, las y los familiares de las víctimas de varios casos de violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la dictadura fujimontesinista, han denunciado y luchado por verdad y justicia, realizando acciones públicas, plantones, vigilias, convocando a marchas nacionales contra las leyes de amnistía y por la extradición de Fujimori. Han estado presentes en diversos juicios contra los miembros del grupo Colina y en el juicio contra Alberto Fujimori, en el que fue condenado a 25 años de prisión por los delitos cometidos contra sus seres queridos.
La liberación de Alberto Fujimori ha generado un daño irreparable al derecho y acceso a la justicia de las víctimas no solo en los casos de Barrios Altos y La Cantuta sino de todas las víctimas de los 90. Todo indulto que involucre a condenados por graves violaciones a derechos humanos debe realizarse cumpliendo los parámetros legales existentes y estándares señalados por la Corte IDH.
La liberación de Fujimori constituye un abierto desacato a las decisiones tomadas por dicha Corte el 2018, 2022 y 2023 y coloca en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú, más aún en un contexto político de movilizaciones sociales, con el antecedente de la respuesta gubernamental que ha llevado a la actual presidenta a afrontar investigación fiscal por el asesinato de 50 peruanos y peruanas en medio de las protestas sociales.
Ante el flagrante incumplimiento por parte del Estado peruano, los familiares de las víctimas, así como las organizaciones de derechos humanos, instamos a la Corte IDH a emitir una Resolución en la que declare que el Estado de Perú ha adoptado una posición en desacato a la obligatoriedad de las decisiones de la Corte IDH y que esto sea puesto en consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Los familiares, ratifican su compromiso de defender la dignidad de sus familiares, de exigir se respete el derecho a la justicia de las víctimas, así como de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos y cualquier acto que menoscabe la democracia.
Familiares caso “La Cantuta” Familiares Caso “Barrios Altos”
Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Otros casos:
Familiares de Melisa Alfaro Méndez
Familiares de Marton Roca Casas
Familiares de Keneth Anzualdo Casas