11 de diciembre de 2012 Comunicado de Prensa

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

– CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

– CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña».

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

«Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote», sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que «la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal».

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.