Las autoridades guatemaltecas deben respetar el derecho de manifestación

Las Américas, 11 de octubre de 2023.  Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.

Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.  

Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones.   En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”.  Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.

Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.   

Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.

Suscriben:

Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC