La remoción masiva e inmediata de integrantes de la Junta Nacional de Justicia es un ataque institucional que generaría el quiebre del orden constitucional

Ante el intento por parte del Congreso de la República del Perú de “remover de forma inmediata” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la supuesta comisión flagrante de actos contrarios a la ley vía la Moción 9525, las organizaciones internacionales DPLF, CEJIL y WOLA expresamos nuestra más enérgica rechazo. Alertamos a la comunidad internacional que la remoción masiva e inmediata de los miembros de la JNJ, sin permitirles ejercer su derecho de defensa, ni observar un debido proceso, constituye un ataque institucional prohibido por Derecho Internacional que supondría un quiebre al orden constitucional y una grave afectación al régimen democrático.

La Moción 9525 califica como causa grave la decisión adoptada por la JNJ de suspender temporalmente del cargo a la Fiscal de la Nación, en el marco de un proceso disciplinario iniciado en su contra ante evidencias contundentes de su participación actos ilícitos graves, de naturaleza criminal. Estos actos antidemocráticos relevan que la Fiscal de la Nación y sus asesores cercanos habrían negociado con miembros del Congreso para archivar investigaciones penales en su contra a cambio de que voten a favor de afectar la composición de diversas instituciones de control. La suspensión de la Fiscal de la Nación es una medida temporal que busca salvaguardar la integridad de la investigación disciplinaria, y que puede ser impugnada mediante los mecanismos previstos en la ley.

Diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenan directamente los ataques sistemáticos y masivos por parte de organos políticos a las altas cortes y otros órganos del sistema de justicia. El Derecho Internacional establece que el control político de sus autoridades debe respetar las garantías del debido proceso, así como aquellas que se derivan del principio de independencia judicial. Dada la importancia de las funciones de la JNJ respecto del sistema de justicia y los titulares de los organismos electorales en el Perú, la remoción arbitraria de sus miembros tendría efectos directos sobre el equilibrio de poderes, la integridad del sistema electoral y el régimen democrático en el país.

Como organizaciones que velamos a favor del estado de derecho, el equilibrio de poderes, y los derechos humanos, hacemos un llamado directo al Congreso de la República, a ejercer sus facultades respetando la independencia del sistema de justicia y a honrar los compromisos asumidos por el Estado peruano en la Carta Democrática Interamericana ante la comunidad internacional.