La impunidad del pasado se perpetúa en el presente: El Salvador ante el Examen Periódico Universal (EPU)

7 de julio de 2025 – La agenda pendiente de justicia transicional en El Salvador se ve profundamente afectada por el acelerado deterioro del Estado de derecho y la neutralización del principio de separación de poderes. A más de tres décadas del fin del conflicto armado, el país no ha saldado su deuda con las víctimas, y las condiciones actuales del sistema político y judicial agravan aún más los obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Los Acuerdos de Paz de 1992 omitieron la inclusión de medidas de justicia, verdad y reparación. Hasta hoy, las víctimas no han obtenido justicia en los tribunales nacionales; la mayoría de los casos permanecen en la impunidad y los daños no han sido reparados. Además, la sociedad salvadoreña y particularmente las víctimas siguen enfrentando la negación oficial de la historia reciente, sin garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, el Examen Periódico Universal (EPU) es una herramienta clave del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que los Estados evalúen mutuamente su cumplimiento en derechos humanos. El Salvador fue evaluado en esta instancia, en la cual participaron 74 delegaciones estatales y colaboraron más de 20 coaliciones de organizaciones de la sociedad civil presentando informes independientes. Dichos informes permitieron a los Estados miembros conocer los principales desafíos y retrocesos que enfrenta El Salvador y formular recomendaciones para fortalecer la garantía de los derechos humanos.

La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), integrada por 12 organizaciones, junto a otras 7 organizaciones aliadas, presentó un informe alternativo. En total, El Salvador recibió 228 recomendaciones de las delegaciones estatales. Entre ellas, seis estuvieron orientadas a la justicia transicional, en línea con las observaciones planteadas por la MECIES. El Estado aceptó cuatro y decidió “tomar nota” de dos, referidas a la necesidad de aprobar un marco normativo integral en esta materia.

Esta decisión resulta preocupante, ya que El Salvador sigue sin contar con una Ley de Justicia Transicional. Desde 2016, una sentencia de la Sala de lo Constitucional obliga al Órgano Legislativo a emitir una norma conforme a estándares internacionales, mandato que permanece incumplido. Entre 2019 y 2024, víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron tres proyectos de ley sobre esta materia. Dos de ellos fueron archivados sin discusión y uno continúa sin asignación a comisión. Esta inacción refleja una clara falta de voluntad política para avanzar hacia la justicia y la reparación.

Paralelamente, los procesos judiciales vinculados al conflicto se encuentran estancados o avanzan con lentitud. La Fiscalía General de la República no ha avanzado en la investigación de casos masivos que han sido una lucha incansable de las víctimas a lo largo de los años, pese a sentencias de la Corte IDH.

La falta de justicia por las graves violaciones cometidas durante la guerra persiste y se agrava en el contexto de una acelerada erosión del Estado de derecho. Esta se manifiesta en reformas regresivas, el desmantelamiento del sistema judicial, la eliminación de los pesos y contrapesos, la hiperconcentración del poder presidencial y el uso arbitrario del aparato punitivo, lo que ha restringido libertades fundamentales y debilitado la frágil institucionalidad democrática construida tras los Acuerdos de Paz. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros representa un nuevo golpe contra las organizaciones de derechos humanos y refuerza el cierre del espacio cívico, en un contexto donde las voces críticas —incluidas aquellas que representan a las víctimas del pasado y del presente— enfrentan estigmatización, detención arbitraria o exilio forzado.

Exigencias al Estado salvadoreño

• Aprobar sin más dilaciones una Ley de Justicia Transicional, basada en el principio de centralidad de las víctimas, que cumpla con los estándares internacionales y garantice un enfoque interseccional y de género.
• Cumplir integralmente la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía General, asegurando el acceso a la información y la participación activa de las víctimas en la formulación de políticas públicas.
• Garantizar el avance pronto y efectivo de las investigaciones penales por crímenes cometidos durante el conflicto armado, respetando el debido proceso y asegurando un trato digno y participación activa de las víctimas.
• Fortalecer la independencia, capacidades y recursos del personal judicial y fiscal encargado de estos casos, garantizando el respaldo institucional necesario para cumplir su labor con enfoque de derechos humanos.

Llamado a la comunidad internacional

• Mantener un seguimiento estricto al cumplimiento de las recomendaciones del EPU por parte de El Salvador, con especial atención a los compromisos en verdad, justicia, reparación y no repetición.
• Exigir al Estado salvadoreño el respeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente ante la regresión democrática y el cierre del espacio cívico.
• Promover mecanismos multilaterales de presión y rendición de cuentas que contribuyan a restablecer el Estado de derecho y frenar el desmantelamiento institucional que impide el acceso efectivo a la justicia.