La CorteIDH celebró audiencia pública para escuchar a representantes de víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y del Estado peruano sobre proyecto de ley pro impunidad

Lima, Perú, 17 de junio de 2024. – En una audiencia pública de carácter urgente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), escuchó a organizaciones y representantes de víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso peruano que favorece la impunidad ante crímenes de lesa humanidad. La ley permitiría que las personas investigadas, procesadas y que fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad sean liberadas sin garantizar la justicia o el cumplimiento de las penas impuestas, colisionando con la obligación estatal de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú. 

Al comenzar la audiencia, la Presidenta de la Corte, jueza Nancy Hernández López, destacó que el Tribunal cuenta con precedentes en los cuales ha analizado situaciones de urgencia similares, como sucedió en marzo de 2022 y diciembre de 2023 ante la liberación de Alberto Fujimori, y en Guatemala en 2023 donde el Poder Legislativo impulsó dos proyectos de ley similares. En esta ocasión, se refirió al proyecto de ley N° 6951/2023-CR, aprobado en primera votación por el Congreso a principios de este mes. Esta ley busca declarar la prescripción de los procesos por delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. De esta forma, se promovería la impunidad en todos los casos del conflicto armado interno ocurrido en el Perú durante las décadas 1980-2000, entre ellos  Barrios Altos y La Cantuta.

El pasado 13 de junio, la Corte IDH ordenó al Estado peruano suspender este trámite legislativo hasta contar con la información necesaria para pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales de los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta y convocó a la audiencia a los representantes de las víctimas, del Estado y la Comisión Interamericana, celebrada hoy. Las medidas solicitadas tienen como objetivo evitar un daño irreparable al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, así como las garantías de no repetición para toda la sociedad, y también asegurar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte. 

Ambas sentencias constituyen la jurisprudencia más emblemática y clave contra los obstáculos que perpetuaban la impunidad frente a la comisión de crímenes  en diversos rincones del mundo, no solo en el Perú, tal como lo hizo notar la Comisionada Andrea Pochak, relatora sobre memoria, verdad y justicia de la CIDH, durante la audiencia. En sus sentencias de Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), la Corte IDH determinó que las amnistías, los indultos y otras excluyentes de responsabilidad y sanción son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de graves violaciones a los derechos humanos. 

La ley que está debatiendo el Congreso peruano contradice la obligación estatal de investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú, al pretender beneficiar a los responsables de estos delitos con la impunidad. Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas relatorías de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el avance de esta iniciativa, recordando que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio del derecho internacional que Perú tiene la obligación de respetar.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de las víctimas, consideramos que una vez más, existe un nuevo peligro inminente contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Los tres poderes del Estado han tomado posiciones abiertamente contrarias al cumplimiento de las obligaciones internacionales de la CADH, por lo que sólo el máximo tribunal interamericano puede proteger el derecho de las víctimas, mediante el otorgamiento de las medidas provisionales solicitadas.