5 de octubre de 2022 Comunicado de Prensa

La Corte Interamericana determinó que Brasil es responsable por la absoluta impunidad en relación al asesinato del defensor de derechos humanos y de la lucha campesina Gabriel Sales Pimenta

 

• La Corte Interamericana reconoció que existe un contexto de violencia e impunidad estructural contra los defensores de los derechos humanos en Brasil, especialmente los que trabajan en la defensa del derecho a la tierra.

• La Corte también determinó que se violó el derecho de acceso a la justicia y de derecho a la verdad de los familiares de Gabriel debido a la grave negligencia del Estado brasileño en la provisión de recursos adecuados y efectivos para investigar, juzgar y sancionar su asesinato.

• El caso, litigado por CEJIL y CPT, recibe una sentencia después de casi 15 años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 40 años después de la muerte de Gabriel.

Río de Janeiro y Pará, 4 de octubre de 2022. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión histórica en el caso de Gabriel Sales Pimenta contra Brasil, declarando que el Estado brasileño violó el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad al no investigar ni sancionar a todos los responsables de su asesinato. Además, determinó que se violó del derecho a la integridad personal de la familia de Gabriel por el sufrimiento causado al denegarle justicia y verdad en relación con su muerte. El caso fue denunciado en 2006 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Además de la reparación integral de los familiares, la Corte IDH determinó que el Estado debe crear un mecanismo que permita la reapertura de los procesos judiciales para responsabilizar a los autores, y que adopte medidas de no repetición, prevención de actos de violencia y protección de los defensores de derechos humanos.

Entre las medidas de no repetición ordenadas por la Corte, se destacan: la creación de un grupo de trabajo para identificar las causas y circunstancias que generan la impunidad estructural contra los defensores de derechos humanos; la elaboración de un protocolo de debida diligencia para la investigación de los delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos y un sistema de indicadores para medir la efectividad del protocolo; la revisión y fortalecimiento del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos (PPDDH); y la elaboración e implementación de un sistema nacional de recolección de datos y cifras relacionadas con los casos de violencia contra los defensores de derechos humanos.

Helena Rocha, codirectora del programa para Brasil y el Cono Sur de CEJIL, organización que llevó el caso al Sistema Interamericano junto con la CPT, expresó: «esta sentencia confirma lo que varios organismos internacionales vienen diciendo sobre el grave escenario de violencia sistemática contra los defensores de derechos humanos en Brasil y asigna al Estado una responsabilidad agravada para protegerlos e investigar cualquier acto o amenaza que puedan sufrir. Para ello, es imprescindible desarrollar instrumentos para afrontar la impunidad estructural de estos casos y promover políticas públicas eficaces para su protección.»

Al mismo tiempo, José Batista, abogado de la CPT en Marabá dijo: «la sentencia del máximo tribunal de Derechos Humanos de las Américas, condenando al Estado brasileño por no proteger, investigar ni castigar a los responsables del asesinato del abogado Gabriel Pimenta, tiene un peso histórico y un gran valor simbólico para los campesinos y sus dirigentes, que luchan por el acceso y la permanencia de la tierra en Brasil. También refuerza la lucha de las entidades de derechos humanos por la defensa de la vida, contra la violencia y la impunidad de los crímenes que ocurren en el campo». 

Tras más de 40 años de impunidad, se ha empezado a hacer justicia con Gabriel Pimenta. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, ya que la protección de los defensores de los derechos humanos sólo puede ser efectiva con el fortalecimiento de políticas públicas adecuadas como las ordenadas por la Corte en el caso concreto. La lucha de/para Gabriel Pimenta es constante y para todos nosotros.

La lucha, por tanto, no es sólo por Gabriel, sino por la garantía de los derechos de todos los trabajadores del campo y los defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente, que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. 

El hermano de Gabriel, Rafael Pimenta, concluyó: «Cuarenta años después del crimen contra Gabriel, perpetrado por representantes del latifundio, los madereros y los mineros, que todavía dominan Brasil, la condena de la Corte Interamericana contra el Estado brasileño fue un hito muy importante en la lucha por la defensa de los defensores de los derechos humanos. Gabriel era un abogado de los derechos humanos, un abogado de los trabajadores sin tierra y de la población desasistida por el Estado brasileño. Es una victoria para Gabriel, es una victoria para los derechos humanos y es una victoria para el pueblo brasileño». 

Más información sobre el caso:

Desde el principio de su carrera, Gabriel fue muy activo en la protección de los derechos humanos de los más vulnerables. Se licenció en Derecho y dejó su trabajo en un banco de la capital para poder trabajar con los movimientos sociales en defensa de los derechos de los trabajadores rurales y por el derecho a la tierra en el norte del país. En 1980, se trasladó a la ciudad de Marabá (Pará), donde fue representante legal del Sindicato de Trabajadores Rurales (STR).

Durante este periodo, Gabriel Pimenta defendió varias causas obreras y ayudó a organizar movimientos sociales en la región y obtuvo una victoria judicial, sin precedentes, que determinó el regreso de campesino ocupantes a la región del Pau Seco, una región conocida por ser escenario de grandes conflictos. Lamentablemente  dicha victoria dio lugar a constantes amenazas que culminaron con su asesinato el 18 de julio de 1982. 

Los testigos del crimen ayudaron a identificar a algunos de los asesinos y a los responsables, pero nunca se hizo justicia. El Estado actuó en connivencia con los criminales, a veces retrasando excesivamente los actos necesarios para la buena marcha del proceso, a veces actuando de forma parcial. Este conjunto de acciones tuvo como resultado la denegación de justicia y la declaración de prescripción del principal acusado, mientras que los demás murieron a lo largo de los años.

Durante todo este tiempo, la familia no renunció a la búsqueda de justicia, e incluso trató de exigir a los agentes responsables del retraso procesal. En esta demanda, ni siquiera recibieron respuesta del Estado. La lucha permanente causó un daño irreparable a la familia, que dejó de creer que podría tener alguna respuesta de las instituciones nacionales, lo que les llevó a la denuncia internacional.

Como reconoce la Corte Interamericana, la violencia y la impunidad que marcaron el asesinato de Gabriel Sales Pimenta no lo convierten en un caso aislado, sino en una práctica que ha persistido a lo largo de los años y ha victimizado a innumerables personas que defienden los derechos humanos en el estado de Pará y en todo el país.