Justicia para Las Dos Erres: exigimos que se desarrolle prontamente el proceso contra militar implicado

Ciudad de Guatemala y San José, 05 de marzo de 2020-  La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas de la Masacre de Las Dos Erres recordamos al Estado guatemalteco su obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en 2009, según la cual debe investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

Tras la reciente deportación y posterior detención de Gilberto Jordán, ex militar identificado como uno de los responsables de la masacre, exigimos al Estado de Guatemala que desarrolle el juicio en su contra con la debida diligencia.

Después de casi 20 años de haberse ordenado su captura, el arribo del  kaibil abre la puerta para que las autoridades guatemaltecas avancen en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas y familiares de Las Dos Erres.

Hasta la fecha han sido condenados por este caso seis antiguos miembros del Ejército. Sin embargo, aún hay otros que se encuentran prófugos o no han sido juzgados y ninguno de los autores intelectuales ha sido sancionado. Es por ello que llamamos al Estado guatemalteco a que agilice la investigación y captura de todos los implicados, particularmente de los altos mandos militares.

Asimismo, recordamos la obligación de garantizar que no se aplique ningún tipo de eximente de responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso. En este sentido, instamos a las autoridades estatales a cumplir con lo ordenado por la Corte IDH en marzo del año pasado e interrumpir el trámite y archivar la iniciativa 5377 de Ley de Reconciliación Nacional.

Han pasado 37 años desde que se cometieron estos crímenes de lesa humanidad y 10 años desde la emisión de la sentencia del tribunal interamericano, y a lo largo de este tiempo, las víctimas sobrevivientes y familiares han esperado por justicia y reparación. El Estado debe cumplir con las reparaciones sin más demora.