Justicia para Inés

Acapulco, Guerrero, octubre de 2022. A dos décadas de la agresión sexual que padeció Inés Fernández, mujer del pueblo Me´pháá, el día lunes 24 de octubre en la sala penal del juzgado segundo de distrito con sede en Acapulco se realizó la audiencia final contra el militar Hugo Humberto García de León, acusado de violación y tortura sexual, así como robo y allanamiento de morada.

Inés, originaria de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, empezó esta lucha por el acceso a la justicia, en febrero del 2002, desde aquel día funesto en que los militares irrumpieron la tranquilidad en su casa. Llegaron con las armas en la mano preguntando donde estaban los encapuchados, mientras Inés les hablaba en su lengua para que se retiraran. Sin más palabras entraron a la cocina y entre varios la agredieron frente a sus pequeñas hijas que lloraban de miedo. A pesar de la agresión que habían cometido se atrevieron a robar todo lo que estaba a su paso a una familia pobre.

La pesadilla para Inés siguió en el ministerio público cuando fue a interponer la denuncia por violación contra elementos castrenses. Lejos de ser escuchada fue criminalizada e ignorada por no hablar el español. Sin sensibilidad las autoridades no creyeron en su palabra por ser de una comunidad indígena y por asumir su identidad como mujer del pueblo Me´pháá.

Fue una batalla ardua, donde es todo momento sufrió el escarnio, la mentira y varios incidentes en su domicilio. A pesar de acudir ante las instancias de procuración de justicia en México, fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia durante años fue obstruido por las instancias civiles locales, federales y militares. Lo increíble es que fue amenazada para que no siguiera exigiendo justicia. No les importó que tuviera medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante los riesgos inminentes de sufrir alguna agresión. Además, la señalaron como mentirosa sólo por emprender su lucha digna por muchos años.

El 30 agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual – en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.

El 1 de junio del 2018, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria en contra de dos militares para el caso de Valentina Rosendo Cantú, también sobreviviente de tortura sexual y compañera de lucha de Inés Fernández Ortega, en dicha sentencia se impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño, sentencia que genera un precedente en México.

La perseverancia en la lucha de Inés Fernández es invaluable, el proceso penal en donde podría recaer una sentencia histórica ha sido producto de su exigencia inquebrantable. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero civil y una vez ahí participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados.

Este es uno de los casos más paradigmáticos en México, la sentencia que emitió la Corte IDH en 2010, se generó precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y desarrolló estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad. Este es uno de los casos mediante los cuales se vio necesaria la delimitación de las labores en seguridad pública del ejército mexicano, especialmente ante su presencia en pueblos indígenas y ante una nueva apuesta de militarización del país.

Para las organizaciones representantes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, esta es una oportunidad histórica para que lo señalado por el máximo tribunal interamericano sea retomado en una sentencia a nivel nacional, tal como sucedió en el caso de Valentina Rosendo. Es la oportunidad de reafirmar los estándares internacionales que se han construido conforme ha ido avanzando el caso, pero más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más dos décadas ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

El lunes 24 de octubre, a la salida del juzgado, doña Inés terminó con una petición: “Castigo a las personas responsables de lo que  pasó, yo sigo en esta lucha para que a ninguna mujer indígena le vuelva a suceder lo mismo y las autoridades deben hacer su trabajo”