17 de marzo de 2022 Comunicado de Prensa

Inminente liberación de Fujimori en Perú: organizaciones solicitan medidas urgentes y audiencia a Corte IDH para proteger los derechos de las víctimas

La solicitud se realiza ante la decisión que tomará el Tribunal Constitucional hoy.

Lima y Washington, marzo 17, 2022. La noche del 16 de marzo, organizaciones representantes* de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos acudimos nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, para solicitar
su intervención por la inminente liberación de Alberto Fujimori que el Tribunal Constitucional peruano (TC) decidiría el día de hoy. Cabe resaltar que las víctimas no fueron informadas ni escuchadas ante esta situación y de quedar en libertad Fujimori, no existe recurso alguno en el Perú que permita garantizar sus derechos.

Ayer por la tarde se conoció por la prensa lo que sería la decisión del Tribunal Constitucional peruano, originada por un recurso presentado por la defensa del condenado que busca que el indulto fraudulento que se le otorgó en 2017 vuelva a tener vigencia, y del cual la propia Corte IDH y la Corte Suprema del Perú ya se habían pronunciado en contra.

Esta no es la primera vez que las víctimas de estos casos acuden a la Corte IDH ante los intentos de Fujimori de vulnerar sus derechos. La propia Corte IDH tuvo audiencia en febrero de 2018 y emitió una resolución el 30 de mayo de ese mismo año donde reconoció la inconvencionalidad al indulto otorgado a Fujimori y le ordenó al Estado peruano tomar medidas constitucionales para evaluar su decisión. Si bien en 2018, la justicia peruana acató la decisión y Fujimori regresó a prisión, esta inminente decisión del TC representaría un gran retroceso e incumplimiento internacional por parte del Estado peruano, esta vez a través del Tribunal Constitucional, que es precisamente el órgano supremo de control e interpretación de la constitucionalidad y los derechos constitucionales.

Por esta razón, las organizaciones patrocinantes de las víctimas en los casos arriba mencionados, realizamos la solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH, ya que están dados los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad por la inminente liberación de Fujimori, y con ello, la extinción de sus deudas con la justicia peruana por los graves delitos que cometió. Además, requerimos que la Corte IDH ordene al Estado peruano evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pues de adoptar el TC esta decisión, ello significaría que garantiza la impunidad, más aún tratándose de delitos de lesa humanidad.

De igual forma solicitamos a la Corte IDH que convoque inmediatamente, en su siguiente periodo de sesiones a realizarse en las próximas semanas, a una audiencia pública que dé la posibilidad a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta de ser escuchadas en audiencia como lo ha señalado el propio Tribunal Interamericano. Adicionalmente, solicitamos que, de ordenarse la liberación de Alberto Fujimori, la Corte IDH emita una resolución que disponga su nulidad sobre la base de su jurisprudencia y de los estándares internacionales que estableció en su decisión sobre este indulto emitida el 30 de mayo de 2018.

Reiteramos, que el rechazo frente a la posibilidad de esta liberación también responde a que está agotada esta instancia a nivel nacional. No existiría otro recurso posible para las víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Este proceso, que es adelantado por el Tribunal Constitucional del Perú, ha sido poco transparente con las víctimas a quienes no se les han proporcionado espacios de participación con una afectación clara y directa a sus derechos.

CONTEXTO:

Las organizaciones representantes de las víctimas son: la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sus Sentencias de fondo en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos contra Perú, el 14 de marzo de 2001 y 29 de noviembre de 2006, respectivamente. En ambas Sentencias, la Corte consideró a Perú
responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, las garantías y protección judicial, entre otros, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La solicitud a la Corte IDH es su última oportunidad para que este derecho no se vulnere nueva y definitivamente. Esperamos que la Corte IDH ordene inmediatamente las medidas y convoque a una audiencia para que el Tribunal Constitucional peruano respete los derechos de las víctimas y se abstenga de otorgar la liberación de Alberto Fijumori quien fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos, La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.