Impedir las inspecciones judiciales a los archivos militares es revictimizar y perpetuar la impunidad en El Salvador

28 de septiembre de 2020.- La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro – Memoria Histórica, ante el bloqueo de las inspecciones ordenadas por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, EXPRESAMOS:

Nuestro rechazo a los hechos del 21 de septiembre, cuando el Ministerio de la Defensa negó el ingreso al juez Jorge Guzmán, a fiscales y querellantes en el caso, pese a existir una orden judicial dictada por el mismo juez, para inspeccionar ocho instalaciones militares con el fin de buscar información que pudiera ayudar a esclarecer las responsabilidades por esos crímenes de lesa humanidad.

Desmentimos las afirmaciones que el Presidente de la República hizo en la cadena nacional de radio y televisión, el 24 de septiembre, en la que manifestó que el Juez que conoce la causa de El Mozote, no tiene jurisdicción para hacer las inspección a los archivos militares. El artículo 172 de la Constitución de la República y artículo 24 de la Ley Orgánica Judicial expresan que corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de los contencioso-administrativo. Además, los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Asimismo, los artículos 116 y 151 del Código Penal de 1973 –que se está aplicando en este caso– faculta al Juez de Instrucción de San Francisco Gotera para desarrollar estas inspecciones. Es importante no perder de vista que el Ministerio de la Defensa Nacional está sujeto al poder civil y por tanto debe conducir sus actuaciones en apego a la Constitución y a las leyes del país. Este lamentable episodio también constituye una transgresión de las fuerzas armadas a su doctrina interna y al marco democrático que se ha venido construyendo desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Nos preocupa que con este hecho se continúa protegiendo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y de guerra durante el conflicto armado. No es la primera vez, ni es el primer gobierno que actúa en tal sentido; se trata de un patrón de actuación estatal que, inalterablemente, se ha aplicado en los últimos treinta años, provocando la consolidación de un esquema de impunidad, no sólo para los delitos cometidos en el pasado, sino también para los que sufre hoy día el pueblo de El Salvador.

Por la gravedad de este hecho, consideramos que el Fiscal General de la República debe actuar según su mandato constitucional que le obliga a investigar este tipo de actuaciones que pueden configurar delitos como los de desobediencia a orden judicial, encubrimiento y actos arbitrarios, y que además desconocen las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Demandamos al Fiscal General que el próximo 5 de octubre, fecha en que el juez ha reprogramado las inspecciones, se mantenga vigilante de que el Ministerio de la Defensa cumpla con esta orden judicial y que, en caso de una nueva negativa, proceda con todo el rigor de la ley.

Para las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, perpetrada en 1981, este proceso judicial ha significado un hilo de esperanza para enfrentar su doloroso pasado y comenzar a resarcir el profundo daño causado. Sin embargo, este acto ilegal de obstruir las inspecciones pisotea esa expectativa de justicia, revictimiza a quienes volvieron a confiar –aunque sea levemente– en la institucionalidad del país y afecta el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

Es importante destacar que nuestras organizaciones creen que la actuación del juez que ventila esta causa penal es ética e imparcial, apegada a la Constitución y a los estándares internacionales, condiciones fundamentales para todo juicio justo, y, con más razón, cuando se trata de procesos tan complejos como esta masacre.
Por las razones anteriores, DEMANDAMOS:

1. Que el presidente de la República instruya al Ministro de la Defensa Nacional, y a cualquier otra autoridad militar concernida en estas inspecciones, a que se garanticen todas las condiciones y toda la colaboración que sea necesaria a partir del día 5 de octubre, fecha en que se ha reprogramado esta diligencia procesal, y hasta la finalización de la misma, por el tiempo que sea necesario, para la realización de las inspecciones.
2. Que el Ministro de la Defensa Nacional acate la decisión judicial de inspección en instalaciones militares ordenadas por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en el marco de las investigaciones penales de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños
3. Que el Fiscal General de la República inicie las investigaciones necesarias para identificar si los hechos del 21 de septiembre constituyen delito y proceder de conformidad con ello.