8 de noviembre de 2018 Comunicado de Prensa

Imelda y el tormento de la mujer salvadoreña

Sobre el calor del asfalto y bajo la luz punzante del sol de septiembre en Usulután, El Salvador, se siente el fervor de mujeres que cantan:
― “¡¿Qué queremos para Imelda?! 
― ¡LIBERTAD! 
― ¡¿Qué queremos las mujeres salvadoreñas para Imelda?! 
― ¡JUSTICIA Y LIBERTAD!”

Mientras, en un salón, a puerta cerrada, con guardias custodiando los accesos, está Imelda. Inmóvil, impávida, frente al despliegue, en el que decidirán sobre ella, su vida y su cuerpo. Sobre la emergencia que tuvo en una letrina, que la tiene ahí, en el banquillo de las acusadas. Que la dejó en un lugar que olvida que también es víctima de un sistema que permitió que fuera abusada sexualmente por su padrastro, una y otra vez, año tras año, en absoluta indefensión. 

Imelda tiene 20 años de edad y lleva 18 meses privada de libertad. Cargos en su contra: homicidio agravado en grado. Condena máxima: 20 años.

Afuera de la sala, en las calles de Jiquilisco, las manifestantes esperan nerviosas, emocionadas, molestas… no alcanzan los adjetivos para descifrar lo que sienten las que aguardan por las palabras juez afuera de la sala. Que Imelda merece libertad, que merece justicia, que merecemos una respuesta positiva, se lee entre las conversaciones de estas mujeres defensoras. 

Pero en El Salvador la justicia para ellas pocas veces llega y ese 3 de septiembre no es la excepción. Se anuncia que Imelda tendrá que esperar hasta el 12 de noviembre para conocer su sentencia.
Ese lunes de noviembre, en un debate público se decidirá si la emergencia obstétrica y las pruebas existentes configuran este supuesto delito. 

Del resto no hay novedades: Imelda sigue en prisión preventiva. Continuará a merced de la justicia salvadoreña, ésa que la considera un peligro a la sociedad desde abril de 2017. 

Imelda seguirá sufriendo en un país en el que parece que las mujeres más vulnerables nacen para sufrir.

Casas que se vuelven prisiones

Empecemos. En 2017, Imelda se sentía muy mal, pero en su caso no es extraordinario, pues padece de molestias del colon. Cabal, ese 17 de abril a las 17:00 hrs. le dieron fuertes dolores y ganas de defecar. 
Para hacerlo, debía salir de su casa y entrar al cuartito que aloja la letrina, un agujero en la tierra, de varios metros, hasta donde caen los desechos. En ese momento en el que, como ella dice, estaba “haciendo del dos” sintió que algo se le desprendía. Se dio cuenta, era imposible no hacerlo: estaba sangrando. 

Nada más dio un grito, un aviso desesperado a su mamá, y se desmayó.

“No sabía que estaba embarazada”, confesó más tarde desde un hospital, una vez que recobró la conciencia. Eso no importa. A Imelda no le creyeron y lo primero que le preguntaron fue que indicara dónde estaba el bebé al que le pertenecía la placenta envuelta en una toalla que su madre trajo hasta el hospital. 

Imelda, tuvo un embarazo negado. Simplemente, no podía estar embarazada: insistió en que sangraba similar a una menstruación dos días al mes, durante los 9 meses de embarazo. También, porque el padre de su hija —su violador— le repitió una y otra vez en que él no podía tener hijos. 

Claro, el padre de la hija de Imelda la violó durante 6 años de su adolescencia, desde los 12 a los 18. Imelda tenía 10 años cuando Pablo Henríquez se convirtió en la pareja de su madre y se pasaron a vivir a su casa. A los dos años de convivencia, la cercanía se volvió en el abuso constante de la niña.

Ese hombre sexagenario, le dijo, ya no podía tener hijos/as. El miedo es lo que usó Pablo, el padrastro de Imelda, para perpetuar su silencio y lograr que no le contara a nadie que él abusaba sexualmente de ella por lo menos tres veces por semana, durante todos esos años. Entre medio: amenazas contra su madre, amenazas contra sus hermanos, amenazas contra ella misma.

Así se mantendría la escena hasta aquel abril, en donde el dolor de Imelda fue insoportable. El día en que pasó de su letrina a una celda, en un penal salvadoreño. 

Es que, en El Salvador, además, víctima y victimario reciben igual tratamiento de parte de la administración de justicia. Pablo e Imelda aguardan bajo prisión preventiva en el Centro Penal de San Miguel, aguardando sus respectivos juicios. La diferencia: Imelda fue apresada un año antes que él. Pablo siguió libre aun cuando Imelda, de 19 años, recién parida, continuamente abusada, era tratada como una asesina.

¿Dónde está la justicia para Imelda? 

Después de que la Fiscalía se opusiera durante varios meses a la exigencia de la defensa de Imelda de comprobar la paternidad, recién el 16 de marzo de 2018 empezó el proceso en contra del hombre. El motivo para negar la diligencia: no creían que la acusación de Imelda fuera verdad, contraviniendo así el estándar internacional, que prueba que el testimonio, en un caso de esta naturaleza, es un elemento clave.
 
Varias organizaciones han expresado su preocupación de que no se siga el debido procedimiento contra Pablo de Dolores Henríquez Ayala, por el delito de violación en menor o incapaz, agravada y continuada. 

Las sospechas se agravaron cuando el juez de Primera Instancia, Manuel de Jesús Santos decretó, sin fundamentos, la reserva del proceso. Él es el mismo juez envió a vista pública el proceso en contra de Imelda. Es decir: cara y cruz, las dos caras de la moneda, en manos del mismo funcionario judicial. Así se “imparte justicia” en El Salvador.

El proceso fue sinuoso en siete ocasiones se reprogramó la audiencia que la envió a juicio. Los motivos: la falta del peritaje psicológico, que a su vez se vio impedido en nueve ocasiones porque la fiscalía obstruía la realización de la evaluación psicológica de Imelda.

Por otra parte, el mismo Ministerio Público que la acusa en el caso de tentativa de homicidio y que no ha hecho nada por realizar una investigación acuciosa de los hechos, y que la llamó mentirosa por decir que su padrastro abusaba de ella, debe defenderla en el caso de violación.

ART. 1: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
Constitución Política de El Salvador.

Como palabra divina. Así evocaron la Constitución Política de El Salvador, durante la audiencia preliminar del 3 de septiembre. Ese día, las representantes de la Procuraduría de la Familia, y del Ministerio Público, una y otra vez así lo mencionaron.

En este esquema ultraconservador, las mujeres más vulnerables; aquellas en situación de pobreza, que enfrentan violaciones, se vuelven el blanco del sistema de justicia, que las encarcela por emergencias obstétricas. Que las acusa de homicidio, de “malas madres” o de interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Esas, las el mejor de los casos llegarán a un centro asistencial público, son las que llevan la peor parte. 

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Esa cita, es la segunda parte del artículo 1 de la Constitución salvadoreña. Así como tienen un poder sobre ella, también tienen el deber de protegerla. Así, naturalmente, surge la pregunta: ¿Dónde estaba el Estado cuando fue violada sistemáticamente por su padrastro? ¿No se percataron que compartía casa con su padre biológico, el violador de su madre? ¿Qué va a pasar con la niña que tanto juran defender? 

Esa vida por la que criminalizan a Imelda, hoy se encuentra con su abuela, que apenas puede mantenerla. Sus padres: los dos privados de libertad.   

¿Va el Estado a proteger los derechos de esa vida mejor de lo que protege los derechos de su madre o esa vida solo les sirve para criminalizar a su madre?

Entretanto, Imelda lleva año y medio en la cárcel. El Estado salvadoreño permitió que la transfirieran de una cama de hospital, a una celda común junto con otras mujeres privadas de libertad. Porque para las mujeres que presentan este tipo de situaciones, la supuesta salud está demasiado cerca de la supuesta justicia. 

El 12 de noviembre, El Salvador se pondrá a prueba. Su justicia deberá responder cómo una niña, ahora joven que fue vulnerada durante tanto tiempo reviste una amenaza. Imelda, de 20 años, después de media vida marginada y atacada, se encontrará con un nuevo perpetrador. Ese día, se jugará su libertad, la justicia y libertad que merece, en una cancha desnivelada, cuyas reglas, a toda vista, no están de lado de las mujeres.