Honduras: Incumplimiento de sentencias de la Corte IDH perpetúa crisis y riesgo de las personas privadas de libertad

12 de julio de 2024.- Esta semana, organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de hacinamiento, militarización e incluso tortura que enfrentan las personas privadas de libertad en las cárceles hondureñas, así como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, entre otras violaciones de derechos humanos, perpetradas en el marco del Estado de excepción implementado en el país desde hace 18 meses.

Las organizaciones, que forman parte de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento), reconocieron que el Estado de Excepción parcial no cuenta con una justificación basada en la excepcionalidad y temporalidad de la medida y criticaron el “Plan de Medidas Radicales contra el Crimen” propuesto por el gobierno.

En particular, levantaron una profunda preocupación por la construcción de la mega cárcel en “Isla del Cisne”, entre otros, porque tendría un efecto aislante de la población carcelaria, ya que la única manera de acceder sería vía aérea, lo que imposibilitaría la garantía al derecho de visitas de familiares y condicionaría el monitoreo y transparencia de la situación dentro del penal. Además, sostuvieron que el Plan de Medidas Radicales promueve la detención preventiva oficiosa de manera generalizada, así como los juzgamientos colectivos, atentando contra el derecho fundamental al debido proceso y la defensa legal, así como a la necesaria individualización de la pena.

En el espacio, las organizaciones también denunciaron que el Sistema Penitenciario Nacional está bajo control, manejo y administración militar y aseguraron que esto agrava las problemáticas de infraestructura inadecuada, autogobierno, corrupción y hacinamiento, que actualmente alcanza una sobrepoblación del 149%.

La intervención militar desde junio del 2023 en los centros penitenciarios se ha traducido en un el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas privadas de libertad y sus familiares. Las organizaciones han registrado más de 432 denuncias por tratos crueles e inhumanos, tales como restricción de visitas, amenazas, uso excesivo e injustificado de la fuerza física, golpes contundentes con objetos, posiciones forzadas, privación de servicios básicos de alimentación, salud, agua y vestimenta entre otras, perpetrados por funcionarios militares. Asimismo, se han documentado 60 muertes bajo custodia del Estado en el periodo comprendido entre 2023 al 2024, de estas 46 mujeres, 11 hombres y 2 menores de 18 años en centros pedagógicos de Internamiento a cargo del Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores (INAMI).

Frente a ello, las organizaciones calificaron de alarmantes las declaraciones de la representación de Defensa Nacional en relación con la proporcionalidad de la fuerza usada al interior de los centros penitenciarios, esto como respuesta a las denuncias sobre torturas y malos tratos expuestas por sociedad civil.

Falta de cumplimiento de sentencias de la Corte IDH

Las organizaciones aseguraron que esta militarización es contraria a las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado adaptar el personal penitenciario a los estándares internacionales e implementar las medidas necesarias para que las condiciones en los centros penales sean adecuadas, enfatizando en dar respuesta al grave hacinamiento y avanzar en medidas para la rehabilitación y no reincidencia.

Además, esta audiencia se celebró en el 32 aniversario de los hechos contra Juan Humberto Hernández, detenido, desaparecido, torturado y asesinado en julio de 1992 por las Fuerzas Armadas. A más de 20 años de la sentencia de la Corte IDH en este caso, Honduras no ha cumplido a cabalidad con las medidas ordenadas, entre ellas la implementación de un registro de personas detenidas para controlar la legalidad de las detenciones, una medida que se vuelve urgente frente a las detenciones ilegales y arbitrarias practicadas en el marco del Estado de excepción.

Ante a esta exposición, representantes del Estado hondureño presentaron medidas como la remodelación de instalaciones en los centros penales de mujeres, el desarrollo de proyectos de reinserción social, y procesos formativos para personas funcionarias. Sin embargo, no hubo respuestas respecto a las medidas estructurales pendientes de cumplimiento y, en cambio, se defendió a la militarización como ruta de seguridad necesaria, cuando ha sido reconocido, incluso por la propia CIDH que esta no es una respuesta eficiente ni sostenible para hacer frente a la criminalidad y que, más bien, resulta en mayores violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones solicitantes reiteraron las graves deudas de Honduras en la implementación de las sentencias de la Corte y de una política de seguridad ciudadana apegada a estándares de derechos humanos, así como con el respeto de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado. Y solicitaron al Estado, entre otros: atender las fallas estructurales en materia de prevención y combate a la criminalidad, sin que las acciones atiendan únicamente a la construcción de más cárceles en el país, ya que está comprobado que el sistema penitenciario en Honduras no es funcional ni fomenta un trato digno y humano para la no reincidencia. Asimismo, las organizaciones se solidarizaron con las víctimas del Estado de excepción y de la crisis carcelaria.

Las organizaciones solicitantes fueron: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula, Red de Familiares de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.