Honduras debe investigar, procesar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos
El pasado 3 de abril, una jueza federal de Miami condenó civilmente al coronel retirado Juan López Grijalba a indemnizar a supervivientes de tortura y familiares de personas asesinadas por fuerzas del ejército Hondureño a principios de los años ochenta. En esa época, López Grijalba era director de la policía de inteligencia (conocida como Dirección Nacional de Investigaciones -DNI-) y posteriormente fue jefe del Batallón 316, ambos cuerpos señalados como responsables de graves violaciones de derechos humanos.
En la sentencia la jueza encontró a López Grijalba responsable por tortura, ejecución extrajudicial y desapariciones. Además, señaló que López Grijalba fue responsable de ordenar en 1981 la detención y el asesinato del líder estudiantil Manfredo Velásquez Rodríguez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez en 1986. En su sentencia sobre el fondo la Corte determinó que el Estado era responsable de la violación del derecho a la libertad personal, integridad personal y a la vida de Manfredo Velásquez. Asimismo estableció que el Estado tiene “la obligación de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, [y] de imponerles las sanciones pertinentes”. Esto fue reiterado por la Corte Interamericana en otros casos contra Honduras, el caso de la desaparición forzada del profesor Saúl Godínez Cruz, y el caso de la detención y posterior ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez.
Al firmar y ratificar los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Honduras asumió la obligación de acatar las decisiones que emanan de la Comisión y la Corte Interamericanas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconoce que el Estado hondureño ha llevado a cabo acciones significativas en el cumplimiento de algunas de sus obligaciones internacionales, por ejemplo, pedidos de disculpas públicas por violaciones de derechos humanos y el reciente reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso Servellón García y otros, actualmente en conocimiento de la Corte Interamericana. Sin embargo, aun cuando estos gestos son importantes y tienen un gran valor simbólico, no son suficientes.
En la mayoría de los casos en que los órganos del Sistema Interamericano han determinado la responsabilidad del Estado hondureño por violaciones a derechos humanos, existen importantes aspectos de las decisiones que no son acatados, sobre todo en lo que respecta a la investigación de los hechos y al enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos.
La condena civil al coronel retirado López Grijalba en el foro estadounidense es un paso para la obtención de reparación para las víctimas y sus familiares, que no se ha podido lograr en los tribunales hondureños. Sin embargo, el Estado hondureño mantiene una deuda en materia de justicia, pues no ha procesado ni sancionado a los responsables de estos hechos de acuerdo con las obligaciones que al respecto establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CEJIL exhorta al Estado de Honduras a reforzar y hacer efectivo su compromiso con los derechos humanos a través del cumplimiento total y efectivo de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas. En este sentido, hace un llamado a las autoridades hondureñas para que tomen las medidas necesarias para investigar y sancionar a todos los responsables de estas graves violaciones.