Honduras debe frenar política extractivista y garantizar los derechos humanos de las poblaciones en riesgo

San José, 03 de setiembre de 2019.-  El pasado 28 de agosto, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó sus observaciones preliminares tras más de una semana de trabajo en Honduras. Entre sus principales hallazgos, el Grupo reconoció la escalada de conflictos sociales relacionados con la extracción y explotación de los recursos naturales y proyectos de desarrollo a gran escala; la falta de una consulta libre, previa e informada; y la desconfianza de la población en las autoridades estatales.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) destacamos las observaciones del Grupo de Trabajo y demandamos al Estado de Honduras y a las empresas con actividades en el país que adopten acciones inmediatas para garantizar los derechos humanos de las comunidades y pueblos que por verse afectadas por estas actividades, defienden el derecho a la vida, a la tierra y al territorio. 

Por décadas, el Estado de Honduras ha privilegiado una política extractivista que ha potenciado la explotación de zonas protegidas y ha dejado en una grave situación de riesgo a pueblos indígenas y tribales, así como comunidades campesinas y afrodescendientes que luchan por la defensa de estas tierras y territorios. 

El Grupo encontró que el Estado ha privilegiado una regulación flexible de los sectores extractivos y energéticos para facilitar los procedimientos de otorgamiento de licencias y concesiones. Además, señaló que “la ausencia de un marco legislativo y regulatorio integral de los derechos de participación, ha contribuido a la creación de un panorama de participación disperso, en el que las empresas tienen amplios márgenes de discreción sobre cómo involucrar a la comunidad”, así, “la práctica de consulta es inconsistente y no existe una medida real de si la consulta es efectiva y significativa”.

En específico, el Grupo recibió información sobre el proyecto de Ley Marco sobre la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los pueblos indígenas y afro hondureños presentada al Congreso en mayo de 2018, cuyo contenido vulnera los estándares de derechos humanos en la materia y que ha sido denunciado por organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La regulación flexible y la ausencia de mecanismos efectivos de consulta ha sido denunciado en múltiples casos, entre ellos, el de Guapinol y Sector San Pedro. Se trata de una concesión otorgada en el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos, con el propósito de ser explotada para la extracción minera y cuya actividad genera impacto en los ríos de Guapinol y el Sector San Pedro, esenciales para la subsistencia de las comunidades. Durante la visita del grupo de trabajo, ocho defensores del agua de la comunidad de Guapinol se encontraban enfrentando un proceso de criminalización que culminó en su detención provisional. 

En este sentido, el Grupo reconoció que “la criminalización generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores a largos procesos legales es una herramienta para intimidarlos y disuadir sus esfuerzos de defensa”.

Además de la situación de Guapinol, el Grupo de Trabajo conoció el caso de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, vinculado al asesinato de la lideresa lenca y defensora Berta Cáceres, en marzo de 2016; así como la situación de riesgos, ataques y criminalización que enfrenta la tribu Tolupán en San Francisco Locomapa y la comunidad de Pajuiles en el departamento de Atlántida. En su mayoría, las violaciones a los derechos humanos de estas y otras poblaciones vinculadas al quehacer de las empresas en sus territorios se mantienen en total impunidad. 

Ante este grave contexto, retomamos las recomendaciones brindadas por el Grupo de Trabajo y requerimos que el Estado de Honduras tome las siguientes medidas con la mayor prontitud:

• Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos, de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como otros estándares internacionales en la materia.
• Garantizar un proceso de consulta inclusivo para adoptar un marco regulatorio sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1989 (núm. 169), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Establecer un mecanismo independiente dedicado para la mediación y el manejo de los conflictos sociales derivados de la actividad económica, incluidas las disputas sobre tierras, con la capacidad técnica y presupuestaria necesaria
• Abandonar la discusión del proyecto de la Ley Marco sobre la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los pueblos indígenas y afro hondureños, presentado al Congreso en mayo de 2018. 
• Revisar, a través de procesos que garanticen la participación de la sociedad civil, los tipos penales que puedan ser utilizados para la criminalización de personas defensoras en el nuevo Código Penal.
• Garantizar el derecho a defender derechos humanos y abstenerse de realizar un uso indebido del derecho penal para restringir y/o limitar su labor.
• Considerar la capacitación especializada en materia de empresas y derechos humanos para fiscales centrada en casos de abusos de derechos humanos relacionados con las empresas.
• Investigar, juzgar y sancionar a los autores de las violaciones de derechos humanos producidas en el marco de actividades desarrolladas por empresas, asimismo, que se asegure la protección de la vida e integridad de la(s) persona(s) denunciante(s).
• Cumplir con las sentencias Luna López vs. Honduras y Kawas Fernández vs Honduras, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo respectivo a la aprobación e implementación una política pública integral para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
• Adoptar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de las personas cuya situación de riesgo se vincula a la actividad de empresas.