Honduras debe afirmar sentencia contra autores materiales del asesinato de Berta Cáceres

San José, 29 de mayo de 2019.- El 29 de noviembre de 2018, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la lideresa indígena lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres Flores. En éste, el Tribunal condenó a siete personas responsables por la autoría material del crimen y reconoció el rol de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en la planificación del asesinato.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) consideramos que este primer fallo representa un avance hacia el reconocimiento de la verdad del caso y la exigencia de justicia. Sin embargo, transcurridos seis meses, expresamos preocupación ante la falta de una sentencia firme en contra de los autores materiales del asesinato.

Recordamos que es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables. En este caso el retraso de 6 meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso. 

Por otra parte, denunciamos que, a más de 3 años del asesinato, solo David Castillo, gerente general de la empresa DESA, ha sido detenido por la autoría intelectual del crimen. El resto de personas que comprenden la estructura criminal, responsable de planificar y financiar el asesinato se mantienen impunes, pese a existir prueba que les vincula y que el mismo Tribunal reconoce en su fallo. 

Como han indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “la impartición de justicia en un caso tan paradigmático, enmarcada en los principios de transparencia y acceso a la información, es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras”.

Frente a esta situación, requerimos que el Tribunal emita sin mayor dilación la sentencia en contra de los autores materiales del caso y que el Estado cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables por la autoría intelectual del asesinato. 

El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras del territorio y de los derechos humanos al ejercer su labor en la región latinoamericana. Garantizar justicia y romper con la impunidad en su caso resulta vital para que hechos similares no se repitan.