Honduras: CEJIL solicita revocación de prisión preventiva en caso de defensores de Guapinol

San José, 27 de febrero de 2020.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) argumentó ante la Corte de Apelaciones de Honduras que la privación de libertad en que se encuentran siete defensores de los ríos Guapinol y San Pedro debe ser revocada, en tanto esta constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías de debido proceso.

Esta semana la Corte de Apelaciones de Honduras debe resolver los recursos interpuestos por los abogados de las personas defensoras, con respecto a la revisión de la medida de prisión preventiva que enfrentan desde el 01 de septiembre de 2019, tras haber sido formalmente procesados por los delitos de incendio agravado y detención ilegal. El proceso que enfrentan los defensores se da en el marco de una serie de manifestaciones pacíficas realizadas en el municipio de Tocoa, Colón, con el fin de evitar la continuidad de las operaciones de la empresa minera Los Pinares y proteger de la contaminación al Río Guapinol y San Pedro.

Al respecto, mediante un escrito técnico de amicus curiae, CEJIL presentó argumentos basados en estándares de derecho internacional de los derechos humanos, con el objetivo de que la decisión que adopte el Tribunal garantice el derecho a defender derechos, el derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso.
De acuerdo con los argumentos presentados por la organización, tanto la denuncia, como el proceso judicial y, en especial, la imposición de la prisión preventiva, se dieron con el propósito de atacar las manifestaciones pacíficas realizadas por los defensores, “pretendiendo así generar temores en las personas manifestantes e inhibirlas en el ejercicio de sus derechos humanos”.

En particular, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) CEJIL destaca que, la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, por lo que esta debe tener “un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”. En este sentido, la regla debe ser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.

La organización asegura que la aplicación de la prisión preventiva en este caso resulta arbitraria y carente de fundamentos, pues esta no se encuentra debidamente motivada ni es producto de un análisis pormenorizado de las circunstancias del caso. Esto resulta en la vulneración de las garantías del debido proceso.

Asimismo, la organización sostiene que la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva forma parte de la criminalización reiterada en contra de los defensores. En este sentido, recuerda, como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de obstaculizar sus labores de defensa y así impedir el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos”.

Finalmente, frente a los estándares expuestos, CEJIL solicita a la Corte de Apelaciones de Honduras que emita un pronunciamiento acorde con los estándares señalados y que, por tanto, revoque la medida cautelar de prisión preventiva ordenada en contra de los defensores del agua garantizando sus derechos según las obligaciones internacionales del Estado hondureño.

En Honduras, las personas defensoras del medio ambiente y el territorio son uno de los grupos que enfrenta más violencia, criminalización e impunidad. Esta semana, familiares de las personas defensoras, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han movilizado en el marco del “Encuentro de los pueblos por el agua”, para demandar la libertad de los siete defensores.

Revise el Amicus Curiae completo acá: