Guatemala: Informe final del Panel de personas expertas independientes concluye que el país no logró una elección de cortes acorde a estándares internacionales

Guatemala, 14 de noviembre de 2024. El Panel de Personas Expertas Independientes para observar la elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI-GT) presentó su informe final «Obstáculos y desafíos para la independencia Judicial en Guatemala» en el cual concluye que «Guatemala fracasó en su intento por lograr una elección de altas cortes de acuerdo con estándares internacionales».  En este documento, el PEI-GT presenta una serie de recomendaciones para guiar una reforma al sistema de justicia que considera urgente.

«El contexto en el que se desarrolló el proceso de elección de altas cortes fue adverso, y está relacionado con un Estado de derecho profundamente debilitado. Aunque el país experimentó un cambio en el Poder Ejecutivo, la renovación de las altas cortes estuvo marcada por el temor de los actores relacionados con el proceso, por la persecución penal indebida. El uso arbitrario del derecho penal, aunado a la complicidad y falta de independencia del Poder Judicial, crearon un contexto que influyó de manera negativa en el proceso. No se puede mirar este proceso de selección, sin tomar en cuenta el contexto del país», indican en el resumen ejecutivo del Informe.

El documento señala importantes deficiencias en los instrumentos y mecanismos de evaluación, la persistencia de negociaciones basadas en el beneficio de los sectores y actores tradicionalmente ligados a la elección de cortes, así como otras situaciones que hacen patente la necesidad de reformas profundas al sistema de justicia y reitera que «no se puede pensar en una reforma del sistema de justicia sin pensar en una reforma profunda al Ministerio Público».  Al respecto sugiere retomar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre llevar a cabo un diagnóstico del Ministerio Público y desde la mirada de este panel, debe incluir el Poder Judicial.

A pesar de lo anterior, las expertas Antonia Urrejola y Ana Lorena Delgadillo, y el experto Sidney Blanco, integrantes del PEI-GTl, destacan elementos favorables dentro del proceso, en especial, la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas; la atinada selección de los presidentes de las comisiones de postulación; la observación internacional y el rol estratégico de los medios de comunicación, así como la adopción de una sede para las comisiones de postulación con características apropiadas.

Nueve recomendaciones

De acuerdo con el grupo experto, la reforma del sistema actual debe contemplar una revisión de la Constitución, la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de la Carrera Judicial, así como normativas que regulen la elección de integrantes de las comisiones de postulación y el procedimiento ante el Congreso de la República. Estas son sus recomendaciones

1. Deben existir reglas previamente establecidas para la elección de integrantes de las comisiones de postulación. Se debe establecer el perfil deseado para las y los comisionados, a partir de las experiencias para valorar el perfil de candidatos a las altas cortes, donde la honorabilidad, la lucha por los derechos humanos y la conducción conforme a los valores democráticos tienen que ser los principales criterios en la elección. Quienes integren las comisiones deben tener una trayectoria intachable y ajena a intereses gremiales y/o particulares.
2. Se debe reconsiderar si la composición actual de las comisiones de postulación, tanto en cantidad como en pertenencia de los integrantes, es la adecuada. Se debe valorar la participación, por ejemplo, de autoridades indígenas e integrantes de la sociedad civil que históricamente se hayan dedicado a observar y participar en los procesos de elección.
3. El Congreso no debe elegir a los magistrados para la Corte de Apelaciones. El panel se une a las voces que cuestionan lo inapropiado que resulta someter al estrés institucional la elección de más de 200 magistrados y magistradas para la Corte de Apelaciones. Esta categoría no debe estar expuesta a consideraciones o conexiones políticas para su ingreso o permanencia en la carrera judicial, lo cual compromete su independencia, daña la confianza en el sistema judicial y las decisiones se tornan sospechosas de parcialidad.
4. Resulta conveniente ampliar los periodos de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a por lo menos ocho años y realizar renovaciones parciales y escalonadas, que no tengan coincidencia con los mandatos de los otros poderes del Estado. Además, es recomendable que la presidencia de la CSJ tenga un mandato de al menos cuatro años.
5. Los integrantes de las comisiones de postulación no pueden ser candidatos. La Constitución reconoce el derecho de los funcionarios para ser reelectos, como en el caso de los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones, y también les impone el deber de formar parte de las comisiones de postulación. La respuesta ante el dilema es de carácter ético: abstenerse de optar por la reelección o bien de integrar alguna de las comisiones.
6. Urge regular el procedimiento de elecciones en el Congreso. El panel elaboró una guía que puede servir de base para discutir y reglamentar el procedimiento de elecciones de altas cortes para garantizar a la ciudadanía que las elecciones no se efectúan por intereses partidarios.
7. Elaborar un reglamento que desarrolle con carácter general cada uno de los pasos que le corresponde ejecutar a las comisiones de postulación, con el objeto de evitar que en cada elección tengan que aprobar los instrumentos internos: perfiles, tabla de gradación, funcionamiento de las comisiones, guía para la elaboración de la hoja de vida de los postulantes, formularios de inscripción, impedimentos, etc.
8. Debe quedar debidamente regulado en la Ley de Comisiones de Postulación qué es y que se entiende por idoneidad, honorabilidad y mérito. También debe definirse cuáles serán las acciones, sanciones o condiciones que constituyen un menoscabo a la honorabilidad.
9. No se puede pensar en una reforma del sistema de justicia, sin pensar en una reforma profunda al Ministerio Público. Esta institución ha jugado en los últimos años un papel que ha limitado el crecimiento democrático; se ha utilizado y pervertido la institución para fines personales o de grupos corruptos que han actuado en contra de los valores democráticos.

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